- Además de la pena de cárcel, proponen separarlos definitivamente de las aulas

Ante el aumento de casos de abuso sexual infantil cometidos por personal docente en escuelas de todo el país, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, propuso crear un registro nacional de sentenciados por este motivo, y suspenderlos definitivamente de su relación laboral, además de la pena de prisión que resulte.

Mediante una iniciativa que adiciona el artículo 72 Bis de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y reforma el artículo 266 Bis del Código Penal Federal, precisa que quien haya sido sentenciado por esos delitos será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.

Además, que la Secretaría de Educación Pública difundirá en su página de internet el nombre de la persona sentenciada, la institución donde impartía clases y la ubicación de la misma.

La iniciativa refiere que el abuso sexual en escuelas de todo el país constituye un grave problema del que no existen mecanismos efectivos que protejan a las víctimas y castiguen a los delincuentes.

La diputada señala que es inaceptable que quien tiene la obligación del cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes realice acciones totalmente contrarias a la ley.

“No podemos permitir que estos delitos se sigan cometiendo. Por ello, se hace necesario castigar severamente a las y los docentes que abusen sexualmente a las niñas, niños y adolescentes”, puntualiza.

Considera que debe crearse una base de datos a la que tengan acceso no sólo las autoridades educativas, sino también los particulares, con el objeto de informar sobre los docentes sentenciados por los delitos de abuso sexual y violación contra los menores.

En el documento, turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, menciona que es alarmante la incidencia de estos delitos en escuelas; sin embargo, agrega, no se pueden tener cifras exactas del problema porque no se denuncian.

Indica que la Consulta Infantil y Juvenil 2012, que desarrolló el Instituto Federal Electoral, arroja que entre casi cuatro y 10 por ciento de niñas, niños y adolescentes reconocieron algún grado de violencia sexual en sus casas y escuelas.

“Si tomamos en cuenta que en nuestro país residen 32.5 millones de niñas, niños y adolescentes, aproximadamente 3.25 millones (10%) han sufrido algún tipo de violencia en sus escuelas”, estima la legisladora del PRD.

Refiere que de octubre a diciembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió nueve recomendaciones por casos de abuso sexual contra 66 menores en diferentes estados de la República.

La primera Encuesta Nacional de Exclusión (2009), Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior, arrojó que de 3 millones 700 mil jóvenes en bachillerato, 5 mil 106 dijeron haber sido víctimas de violación, pero la mayoría ocultó la agresión.

Entre otras entidades, menciona al Distrito Federal, donde en 2011 se iniciaron 50 averiguaciones previas por delitos de abuso, hostigamiento sexual y violación cometidos contra estudiantes, la mayoría niñas, en escuelas de educación básica y media superior. Los principales señalados son maestras, maestros, conserjes y compañeros.

En Puebla, en lo que va del año, se han dado denuncias de por lo menos 21 padres de familia por violación. En Guanajuato, de 2010 a la fecha, ha habido 24 abusos erótico sexuales perpetrados por maestros de primaria y secundaria, 19 de ellos en contra de niñas de entre 5 y 16 años.