• Así se garantizará su preservación y acceso

• El Jefe de Gobierno tiene que incluirlos en el proyecto de Constitución


Para consolidar los principios democráticos que dieron origen a la Ciudad de México hay que elevar a rango constitucional la protección de los derechos sociales que a lo largo de los últimos años se han conquistado, coincidieron diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La Constitución Política que dará autonomía a la Ciudad de México tiene que garantizar la protección y el acceso a los derechos sociales, políticos, económicos, urbanos, culturales, educativos, de salud, de las minorías y migrantes, y de espacio público.

Para el logro de lo anterior, la mayoría de los legisladores de la Diputación Permanente aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno, y a la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, a incluir estos derechos sociales con el propósito de que la Asamblea Constituyente los eleve a rango constitucional.

En el transcurso de la sesión de la Diputación Permanente, Víctor Hugo Romo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expuso en los considerandos del punto de acuerdo promovido por el Presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, que la VII Legislatura y los habitantes de la ciudad tienen la oportunidad histórica de consolidar los principios democráticos contenidos en la Constitución General, no sólo preservando el cuidado y protección de los derechos humanos, sino garantizando el acceso a los derechos sociales.

Por lo anterior se propone que en la Constitución Política se integren los siguientes puntos: La salvaguarda de los principios de universalidad, indivisibilidad, integralidad, interdependencia, inalienabilidad, y progresividad (no regresividad).

El establecimiento de instrumentos, mecanismos y marcos normativos para garantizar y hacer exigibles derechos políticos, sociales, económicos, urbanos, culturales, educativos, de minorías, migrantes y del espacio público, entre otros.

La garantía de acceso al derecho a la salud integral que está directamente vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. El máximo reconocimiento de la equidad e igualdad de género.

La garantía en el ámbito público y la promoción en el privado de la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a través de acciones positivas que permitan su ejercicio efectivo en todos los ámbitos, organismos y niveles.

La incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas públicas para garantizar la igualdad entre varones y mujeres. El reconocimiento del derecho de los niños y las niñas para garantizar su protección integral y el deber de ser informados, consultados y escuchados, respetando su intimidad y privacidad cuando se hallen afectados o amenazados.

La garantía de las juventudes y/o personas jóvenes para lograr el acceso a nuevas oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción política y social y aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su participación en las decisiones que afecten al conjunto social o a su sector.

La consolidación del derecho de las personas mayores a obtener igualdad de oportunidades y a gozar plenamente de sus derechos, velando por su protección, por su integración económica y sociocultural, y promoviendo la potencialidad de sus habilidades y experiencias.

El establecimiento de un sistema de Protección Social Universal que constituya la primera piedra de toque del Ingreso Ciudadano Universal, es decir una pensión que permita a los ciudadanos contar con un ingreso fijo.

Igualmente, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.