Se llevó a cabo foro “Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: de la Guerra Sucia a Ayotzinapa”


Durante la inauguración del foro “Las continuas violaciones a los derechos humanos en México: de la Guerra Sucia a Ayotzinapa”, la diputada Araceli Damián González dijo que ante la desaparición de personas en nuestro país, el compromiso de los legisladores es trabajar en la Ley General contra la Desaparición Forzada, a fin de detener este problema.

Señaló que el foro permitirá reflexionar sobre la necesidad de actuar en conjunto con la sociedad, ya que “todos somos sujetos a una posible desaparición forzada”, cáncer que nos vulnera “cuando se supone que policías federal, estatal y local, además de las fuerzas armadas, están coludidos con el crimen organizado”.

Los diputados, continuó, necesitamos del apoyo de la sociedad y de organizaciones porque son pocos los que se atreven a denunciar la desaparición de sus familiares y continuar su lucha, debido a que son amenazados.

Damián González detalló que los diputados de Morena solicitarán separar de su cargo a Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), porque “consideramos que en el caso de Ayotzinapa no se puede investigar, si continúa en el cargo”.

Recalcó que “en México se vive una violencia institucionalizada donde muertes y desapariciones alcanzaron niveles que sólo pueden explicarse en un contexto donde se han roto todos los principios básicos de la ética y la moral”.

Esta violencia se ha convertido en el signo más emblemático e importante del “supuesto proyecto modernizador”, donde México vive en un desánimo económico que se combina con el deterioro de los salarios, falta de empleo y aumento de la concentración del ingreso y riqueza.

Subrayó que durante la administración del ex presidente Felipe Calderón se reconoció la cifra de 26 mil desapariciones, actualmente se dice que hay más de 28 mil, pero la cifra de “sólo de los casos que registra el Estado”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contabiliza dos mil 443 servidores públicos vinculados en delitos de desaparición forzada desde 2005, impunes, a pesar de recomendaciones emitidas en relación a este tema. En tanto, continuó, la Defensa Nacional registró 72 averiguaciones previas de casos de militares involucrados en desaparición forzada entre 2006 y 2014.

Juan Romero Tenorio (Morena) señaló que la desaparición forzada no sólo de 43 alumnos de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos", sino de 28 mil desaparecidos que se registran actualmente y los de la Guerra Sucia, obligan a revisar la memoria histórica, a fin de tener elementos que nos lleven a una acción comunitaria y exigir la verdad de los hechos.

El objetivo es difundir dicha memoria histórica, a fin de emprender acciones colectivas que permitan encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables, así como advertir la responsabilidad del Estado en estos delitos.

Durante la mesa “Retos del Estado mexicano y recomendaciones del GIEI y de la CIDH”, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Raúl Jiménez Vázquez, dijo que las conclusiones finales a las que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmaron “rotundamente que la tesis de la masacre e incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue una estúpida mentira histórica”.

¿Qué hacer ante este escenario?, preguntó. La opción, activar la competencia de la Corte Penal Internacional en concordancia con lo dispuesto en su instrumento jurídico fundacional que es el Estatuto de Roma.

“El crimen de los estudiantes de Ayotzinapa no es susceptible de prescripción, debe ser perseguido dónde quiera y cualquiera que haya sido el lugar y el tiempo de su ejecución material, ni es susceptible de amnistía, perdón, indulto o cualquier otra prerrogativa procesal penal”, agregó.

El director general de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), Juan Carlos Gutiérrez, precisó que de acuerdo con la discusión de la Ley General contra la Desaparición Forzada, las organizaciones en la materia no aceptarán una propuesta de ley que no genere criterios claros para las facultades de atracción de la PGR, a partir de la existencia de elementos que garanticen la impunidad de las desapariciones.

El también abogado del caso Rosendo Radilla, señaló que la norma debe establecer cuáles son los criterios para que la Federación atraiga investigaciones por desaparición forzada, ya que en la mayoría de los casos está vinculado un agente del Estado. Se requiere establecer unidades de búsqueda, competencias de investigación de la Federación, y tipificar el delito de desaparición forzada de personas.

El ex presidente de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, José Enrique González Ruíz, señaló que Ayotzinapa nunca se aclarará si no se crea una comisión de la verdad. “Ya lo enredaron tanto y se han tomado tanto tiempo, que seguramente no se aclarará”.

Las comisiones de la verdad tienen la ventaja de ser instrumentos de justicia alternativa; no tenemos experiencia de cómo utilizarlos y por ello se requiere de una correlación de fuerzas, intelectual y de todo tipo que permita esclarecer los casos.

Durante su participación, el general retirado y defensor de los derechos humanos, José Francisco Gallardo Rodríguez, aseguró que existe un cerco mediático que protege a las estructuras gubernamentales que permiten la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos.

“Ayotzinapa y Tatlaya son los sucesos más conocidos, pero han ocurrido más casos de violaciones a los derechos humanos en muchos lugares del país, todos ellos impunes”, sostuvo.

Señaló que la participación del Ejército en asuntos de orden civil rompe con la administración del gobierno, como en el caso de la seguridad y otras actividades. Debe terminarse con estructuras que permiten las violaciones de derechos y sancionar a los responsables de estos actos, devolver al Ejército a sus cuarteles, que la SCJN vuelva a sus funciones fundamentales y establecer una verdadera división de Poderes, planteó.

Durante el foro, la activista de Henriquismo, Alicia Pérez Salazar de Muñoz Cota, relató su paso por el movimiento a favor del militar Miguel Henríquez Guzmán, y el cómo fueron sujetos de represión por parte del gobierno de Miguel Alemán Valdés a causa de las manifestaciones en contra de su gobierno.

“Tres veces fui detenida en una época en que había presos políticos en casi todas las cárceles de la República; sin embargo, la represión no nos intimidaba”, comentó.

Víctor Guerra, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, afirmó que aún siguen impunes los acontecimientos de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, así como de los movimientos políticos y sociales del pasado.

“Éramos un movimiento de estudiantes que exigía el cumplimiento y ejercicio de las garantías individuales que consagra la Constitución Políticas; sin embargo, el Estado hizo uso de la fuerza pública, policías y Ejército”.

Mario Álvaro Cartagena López, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, aseguró que durante la pasada administración hubo más de 30 mil desapariciones de jóvenes, con la principal característica de que eran de bajos recursos, mientras que del 2012 a la fecha hay registradas más de 25 mil personas desaparecidas.

La desaparición forzada es una práctica que se da usualmente en América Latina. “Hay más personas asesinadas aquí que en Siria ¿De qué se trata? Paremos esto”, exigió.

María Elda Nevárez Flores, sobreviviente de desaparición forzada por motivos políticos, explicó que los participantes de movimientos sociales provienen de hogares más informados y con mayor educación y no de familias tradicionales. “Somos producto del militarismo de Latinoamérica, de golpes de Estado militares que influyeron en nuestra decisión de lanzarnos a esto”.

“Durante la Guerra Sucia toda detención pasaba por la retención y el secuestro que duraba días y semanas, pero hubimos quienes no pasamos a ninguna prisión; logramos la liberación por la lucha política”, puntualizó.