Imperioso que Junta de Coordinación Política apruebe comisión especial

El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, secretario de la Comisión de Gobernación, pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sensibilidad en el tema de Derechos Humanos.

Ello, dijo, ante la situación que se vive en amplias zonas del país como Veracruz, Tamaulipas y otras entidades, la cual es literalmente un “estado de emergencia”, derivado de la crisis de derechos humanos provocada por la delincuencia organizada y la lucha contra el crimen que ha continuado el actual gobierno federal.

“Esto ha generado un grave incremento en las cifras de secuestro, levantones, desaparición forzada de ciudadanos y ejecución de personas”, sostuvo el diputado federal.

Planteó lo anterior después de que la Comisión Permanente turnó a la Jucopo de la Cámara de Diputados su punto de acuerdo que presentó el pasado miércoles, donde solicita crear una Comisión Especial que dé seguimiento y evalúe las políticas públicas derivadas de la implementación de la Ley General de Víctimas en los delitos de desaparición forzada y secuestro.

“Los instrumentos jurídicos con que contamos lamentablemente son limitados pues no dan plena respuesta a las demandas de la sociedad, en especial la de aquellos ciudadanos y sus familias que han visto arrancadas de su seno a hijos y padres, pues hasta ahora no ven un cauce ante la pérdida de sus seres queridos”, agregó.

Huerta Ladrón de Guevara precisó que la Ley General de Víctimas contiene disposiciones para la atención y reparación del daño, con la coordinación entre autoridades gubernamentales en sus distintos niveles, pero no ha tenido la suficiente conexión con la realidad; es decir, que “nos ayude a saber del número de desaparecidos por la violencia, los esfuerzos para la búsqueda de las personas o localización de sus cuerpos, así como la reparación del daño”.

“Sólo nos enteramos lamentablemente por los medios de comunicación, de los hallazgos de cuerpos sin vida como lo que viene ocurriendo en Veracruz, por mencionar el ejemplo más reciente, y el dolor humano de sus familiares quienes acuden a verificar si alguno es su ser querido”.

Por ello, reiteró su llamado a la Jucopo, a efecto de que contribuya a un escenario favorable en materia de derechos humanos, que sea receptivo de los esfuerzos hechos desde la sociedad civil para reconstruir el tejido social en los lugares más afectados por la violencia cometida por organizaciones criminales, y que sea sensible a la exigencia de los grupos sociales, como los que hace 10 años salieron a expresarse por las calles de la Ciudad de México, exigiendo terminar con el secuestro y la impunidad.

De lo que se trata, insistió, es que el Poder Legislativo se constituya como un polo que contribuya a la gobernabilidad, “desde su propio ámbito de funciones, no que suplante las que existen, y reaccione constructivamente al esfuerzo de la sociedad que sí se preocupa y actúa ante la gravedad que se vive en el tema de derechos humanos”.

No debemos dejar de señalar lo equivocado que ha resultado la aplicación de un esquema que ya demostró que es fallido en la lucha contra el crimen organizado, aplicado por el gobierno anterior y el actual, el cual ha sido ratificado al continuar el Ejército y la Marina en las calles; paralelamente, indicó, se sigue afectando a la sociedad ante la ausencia de esquemas de mayor eficacia para enfrentar los hechos que repercuten gravemente en materia de derechos humanos.

“Este severo problema, paradójicamente, es visto de soslayo por quien tiene la más alta tarea de velar por los derechos humanos: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular se conformó con presentar hace unos días un resumen de la disminución de quejas, en lugar de encabezar personalmente a las familias dañadas por las graves violaciones en esta materia”, concluyó Huerta.