- Nuevo ordenamiento, una oportunidad para resarcir la deuda que tiene el Estado mexicano con los menores.

- Garantizar el desarrollo y bienestar de infantes y jóvenes, su objetivo, destacan PRI, PAN, PRD, PVEM y PT.

Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT destacaron que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa una oportunidad para resarcirles la deuda que tiene el Estado mexicano de garantizar su desarrollo y bienestar.

Al fijar la postura del PT, el senador David Monreal Ávila advirtió que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de bullying en educación básica, con 18 millones 781 mil 875 casos en primaria y secundaria de instituciones públicas y privadas.

En julio pasado, agregó el legislador, la cifra de niños presentados ante autoridades de migración en el país se disparó en un 260 por ciento.

Ante este panorama, destacó que al garantizar el cuidado e integridad de quienes viven en centros de asistencia social, el desarrollo libre de violencia en escuelas y que en el paso de niños migrantes por el territorio nacional sean respetados sus derechos, es una forma de resarcir la deuda que tiene el Estado con su niñez.

Por el PVEM, la senadora María Elena Barrera Tapia manifestó que la niñez mexicana vive hoy una realidad preocupante, por lo que esta Ley representa la oportunidad de transitar hacia políticas públicas que hagan efectivos los derechos de los menores y no sean meramente declarativos.

Destacó que su grupo parlamentario aportó ideas para enriquecer la iniciativa preferente del Ejecutivo federal, con el objetivo de incluir el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable como lo establece la Constitución.

Barrera Tapia hizo notar la necesidad de que existan las condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso tanto físico como mental.

La senadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que el proyecto para expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es el primer paso para saldar la deuda histórica que se tiene con cerca de 40 millones de menores.

Al fijar la postura del PRD, señaló que pese a los avances aún faltan muchos temas que revisar para asegurar que el gobierno deje atrás la visión asistencialista que considera los infantes y adolescentes como sujetos de protección.

Sería lamentable que lo que hoy logramos con esta Ley sea un engrosamiento de la burocracia sin la transformación de prácticas gubernamentales, por ello, dijo, se requieren recursos sean suficientes para garantizar de forma efectiva los derechos establecidos en el nuevo ordenamiento.

A nombre del PAN, la senadora Adriana Dávila Fernández manifestó que este ejercicio parlamentario que incluye a la sociedad civil, academia y organismos internaciones, se ha caracterizado por no tener protagonismos, ya que es un trabajo responsable que procura el bien superior de la niñez y adolescencia de México.

Mencionó que a pesar de que ha habido esfuerzos institucionales, el Estado mexicano dejó de lado el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescente, pues las políticas públicas asistenciales han contribuido a la siembra de incertidumbre y desolación, que fueron aprovechadas por redes del crimen organizado.

Es por ello, que debemos cambiar con voluntad política la estructura jurídica, a fin de brindar esperanza a más de 21 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en la pobreza.

Por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Margarita Flores Sánchez aseguró que se trata de una Ley de vanguardia que garantizará los derechos de niñas, niños y adolescentes y en consecuencia, les permitirá alcanzar su pleno potencial.

Como legisladores estamos ante la oportunidad histórica de contribuir con un México que se está transformando, en donde las palabras se cambian por acciones, y por lo tanto es indispensable generar esta herramienta que permitirá atender sus necesidades para formar a los ciudadanos del mañana.

Sostuvo que se realizó un trabajo legislativo responsable, de cara a la sociedad, a las autoridades, organismos internacionales, académicos y especialistas, además, fue un ejercicio de pluralidad democrática en el seno de las seis comisiones dictaminadoras.