Estoy convencido de que este Sistema abre el camino hacia una nueva era en el servicio público y de que es un paso histórico en favor de una cultura de la legalidad y para poner fin a la impunidad.

Por Enrique Peña Nieto

La corrupción es un cáncer social que vulnera los derechos de los ciudadanos y daña la economía. Cada vez más, en buena medida gracias a las redes sociales y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares.

Se trata de un mal de décadas que debemos erradicar a través de la unión de esfuerzos entre sociedad y gobierno. Por ello, el primer compromiso que firmé como candidato, y la primera propuesta legislativa que impulsé como presidente electo, fueron precisamente en contra de la corrupción.

Durante estos tres años y medio, la sociedad civil, los académicos, las fuerzas políticas y el gobierno de la República hemos trabajado juntos para construir una arquitectura institucional anticorrupción sólida, que empodere a la ciudadanía y promueva la integridad de los servidores públicos y de los actores privados.

Gracias a esta labor conjunta, creamos el Sistema Nacional Anticorrupción que, por primera vez, coordinará los esfuerzos de los distintos órganos e instituciones encargadas de combatir la corrupción.

En él participarán los tres poderes y las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, el mayor mérito de este logro corresponde a la participación constructiva de la sociedad civil organizada, en favor de la honestidad y la integridad en el servicio público. De hecho, el Sistema será encabezado por un ciudadano, ya que la presidencia de su Comité Coordinador será rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Con la nueva legislación, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar todas las operaciones que involucren recursos públicos federales, incluyendo las participaciones que la Federación transfiere a estados y municipios.

Es más, para asegurar que el Sistema opere de manera estandarizada en todo el territorio nacional, las entidades deberán integrar sus propios sistemas locales, a partir de lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

También contará con mecanismos de prevención, como códigos de ética, protocolos de actuación y selección rigurosa de los integrantes de los órganos internos de control. Asimismo, el Sistema incluye instrumentos de rendición de cuentas, como la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Además, se crea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, cuyo titular será nombrado directamente por el Senado de la República y tendrá la misión de investigar y castigar los crímenes por corrupción.

Para quienes ejercemos la autoridad pública, es nuestra obligación siempre escuchar y atender el mensaje de la ciudadanía. Es justo bajo este principio que logramos crear el Sistema Nacional Anticorrupción y hemos comenzado a reconstruir la confianza de los mexicanos en sus autoridades y en nuestro país.

Estoy convencido de que este Sistema abre el camino hacia una nueva era en el servicio público y de que es un paso histórico en favor de una cultura de la legalidad y para poner fin a la impunidad. Es un triunfo de la sociedad y todos los mexicanos deben sentirse orgullosos de él.

Ahora, lo que sigue es poner en práctica estos avances institucionales, fortalecer la capacitación de los servidores públicos y formular los reglamentos correspondientes. Es necesario que la sociedad se mantenga involucrada en esta lucha. Estoy convencido de que juntos, colaborando y coordinándonos, podremos hacer de México un país libre de corrupción.