Las modificaciones a la Ley del Servicio Ferroviario conllevan el alto riesgo de la profundización del proceso de privatización salvaje de las vías de ferrocarril mediante la reducción del rol del Estado a un mero garante de la condiciones del Mercado, la limitación de sus capacidades para regular en materia de tarifas cuando no exista “competencia efectiva”, pues se elimina la definición de este término dejando al Estado en la vaguedad para ejercer regulación, advirtió la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.

“Debilita la intervención del Estado ante la posibilidad de la afirmativa ficta en materia de concesiones; flexibilizando las regulaciones para que el capital privado pueda tener acceso en la práctica a la propiedad de vías ferroviarias por medio de permisos para la construcción y mantenimiento de vías férreas”, alertó

A consideración de la legisladora perredista se trata de una simulación cuando se refieren a las diversas causales de revocación de la concesión; incluso reduciendo el papel de la Comisión de Competencia Económica en ciertos casos que demandan de criterios de eficiencia y competencia económica.
Respecto a las tarifas, dijo, permanecen en todos los casos a la libre determinación de los concesionarios –excepto cuando no se generen acuerdos entre ellos- sin abrir la posibilidad, como sucede en otros países a tarifas especiales para fomentar la calidad en el servicio, la libre competencia y la protección de grupos vulnerables.

Padierna Luna consideró la necesidad de definir en la nueva reglamentación cuáles son las condiciones para que exista una competencia efectiva, ya que si no se establece con claridad en qué consiste este supuesto, se limita la capacidad del Estado para ejercer su función de regulación de tarifas pues quedaría en la indefinición cuales son las condiciones para que pudiera ejercer este rol.

Asimismo, existe el riesgo de simulación respecto a la calidad de la señalización, protección del medio ambiente y daños a terceros.

La senadora recordó que la privatización no garantiza administraciones eficientes o que generen un beneficio público, basta con revisar el caso de las empresas Ferrocarril Chiapas-Mayab S.A de C.V, (lo que fuera el Ferrocarril del Sureste, en los tramos Coatzacoalcos-Villahermosa-Campeche-Mérida-Puerto Progreso, y Salina Cruz-Tapachula) han generado diversos señalamientos por sus malas prácticas administrativas. Cabe señalar que inclusive esta compañía llegó a recibir un financiamiento por parte del gobierno mexicano y el Banco Mundial, destinado a la modernización y rehabilitación de la línea el Mayab, con un monto que superó 50 millones de dólares y pese a ello existen tramos de esta ruta en condiciones deplorables. “Ahí está el abandono de rutas, por ejemplo la México-Toluca que se encuentra maleza y escombros”.

“Es indispensable recordar que gracias a la privatización, miles de trabajadores enfrentaron despidos y si lograron sus pensiones fue con cantidades muy por debajo de lo que les correspondía, esto lo padecen muchos de los afiliados al Fideicomiso de Trabajadores Jubilados del Ferrocarril”, concluyó.