_ El Juez Décimo Penal ordenó dicha medida cautelar
El inmueble será propuesto para la aplicación de la ley de extinción de dominio
Tras una denuncia ciudadana por presunta venta de drogas en un domicilio de la delegación Tlalpan, el Juez Décimo Penal del Distrito Federal obsequió una orden de cateo para el inmueble donde detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos mujeres, y se aseguraron dosis de marihuana y cocaína. La propiedad será propuesta para la aplicación de la ley de extinción de dominio.
Por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión con fines de comercio, las hermanas Irma y María Isabel Aguilar Ávila, así como los hermanos Marvin Iván y José Alberto Labastida Aguilar serán consignados al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, respectivamente.
Dicha orden judicial obsequiada por el impartidor de justicia, con sede en el Reclusorio Preventivo varonil Norte, fue cumplimentada por personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el domicilio de la calle Aztecas, colonia Tlalcoligia, delegación de Tlalpan.
Durante la inspección ministerial, peritos encontraron bolsas de plástico de diversos tamaños que contenían dosis de marihuana y cocaína, además de dinero y una báscula, entre otros objetos.
Por lo anterior, los presuntos responsables, dinero y narcóticos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo.
Reunidos los elementos de prueba en la averiguación previa, la representación social determinó el ejercicio de la acción penal contra los cuatro detenidos, y por lo que hace a la propiedad, será propuesta para la aplicación de le ley de extinción de dominio.
La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Los presentados tienen el carácter de probables responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.
