- Es necesario evaluar su capacidad, funcionamiento y si generan credibilidad en la población, asegura el senador Burgos García

- Especialistas consideran que deben cumplir cabalmente su función de proteger las garantías, incluso con acciones de inconstitucionalidad

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, dijo que órganos autónomos como los institutos Nacional Electoral (INE) y de Evaluación de la Educación (INEE), entre otros, requieren ser evaluados para comprobar que cumplen con las facultades que se les confirieron a través de las reformas constitucionales y si ofrecen funcionalidad y credibilidad.

Al participar en la mesa Órganos constitucionales autónomos. Nuevas configuraciones de equilibrios, del seminario Órganos autónomos y funciones de control del Senado, Burgos García refirió que la Constitución se ha adaptado a los tiempos sociales para dar un horizonte de viabilidad al Estado mexicano.

Actualmente, enfatizó el senador del PRI, se requieren instituciones con especialización técnica que permitan abatir temas de desconfianza, lo cual dio paso de 1990 al 2005, a la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) –ahora INE-; Comisión Nacional de Derechos Humanos; Banco de México (BM) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Del 2013 a la fecha, se conformaron los institutos Nacional de Evaluación de la Educación (INEE); de Competencia Económica; de Telecomunicaciones; Federal de Acceso a la Información (IFAI); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); la Fiscalía General de la República; y el Organismo Anticorrupción, cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados.

Precisó que el IFE trabajó bien, y ahora es un nuevo instituto que se debe valorar cómo opera, si efectivamente tiene capacidad para resolver la atracción de facultades que derivan de la reforma constitucional y si va a generar credibilidad, pues al igual que los otros órganos autónomos está a prueba.

En cuanto a los integrantes de estos organismos, mencionó el legislador, no basta con que cumplan con el perfil técnico, pues requieren mostrar que desenvuelven una función con visión de Estado, al cual pertenecen al estar dentro de la órbita del constitucionalismo mexicano.

Paula Sofía Vázquez, investigadora del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), consideró que los órganos autónomos enfrentan diversos retos, siendo uno de los principales cumplir con el mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales de la población, plasmados también en tratados internacionales firmados por México.

Una gran responsabilidad que deberán atender, puntualizó, es que las reformas constitucionales les confieren la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad, lo cual implica que pueden controvertir leyes que vayan en contra de los derechos fundamentales.

José Roldán Xopa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que en materia de selección de los integrantes de los órganos autónomos, la decisión del Senado ha sido más pulcra y objetiva.

Estimó necesaria la distancia entre quienes aspiran a ser consejeros o comisionados de órganos autónomos con respecto al Ejecutivo, a la Cámara de Diputados y el mismo Senado, por lo que propuso que se les ofrezca mayor garantía de estabilidad en su cargo, con inmunidad respecto a la posibilidad de ser removidos.