• Convenios permitirán atender solicitudes de protección y garantizar cooperación entre los ámbitos federal, estatal y municipal

• Señalan ausencia de resultados por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión


El Senado de la República exhortó a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y del Distrito Federal a dar cabal cumplimiento a los compromisos derivados de los Convenios de Cooperación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de proteger la integridad y seguridad de quienes se dedican a estas importantes actividades.

Lo anterior, ante el grave incremento de agresiones y homicidios contra este sector de la sociedad. Entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de julio de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos integró un total de 842 expedientes de queja, relacionados con violaciones a garantías cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación.

Además, 25 de las 176 recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas al Estado mexicano son en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

En este sentido, los Convenios de Cooperación son indispensables, ya que constituyen la base jurídica que permite a los ámbitos federal, estatal y municipal atender las solicitudes de protección; además de que garantizan una plena coordinación y el intercambio de información confiable para cumplir con el objetivo de promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

Se exhorta a gobernadores y al Jefe de Gobierno del DF, a crear fiscalías especializadas para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ya que la cantidad de asuntos resueltos por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha sido limitada.

“Mientras la impunidad prevalezca, será muy difícil revertir la preocupante situación de violencia reiterada y sistemática que atraviesa el periodismo en nuestro país,” señala el documento. Por ello resulta necesario que las instituciones de procuración de justicia de cada entidad federativa cuenten con entidades que se especialicen en la investigación de este tipo de ilícitos.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Gobernación informar sobre las acciones acordadas por la Junta de Gobierno para instrumentar los cambios y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Esto, una vez que concluya el proceso de ajuste y reestructuración al interior del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual busca subsanar el rezago en la atención de casos y en la implementación de medidas de protección.