Sus tarifas desmotivan y afectan económicamente a alumnos, refiere


El diputado Edgar Romo García (PRI) presentó iniciativa para reformar la Ley General de Educación, a fin de prohibir a instituciones educativas públicas y particulares, el cobro de tarifas por uso de cajones de estacionamiento en sus establecimientos, a educandos y familiares.

Consideró que los aparcamientos de planteles de enseñanza se han convertido en negocios, como si el servicio que prestaran fuera de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos y no el de su verdadero objeto, que es la formación académica.

El también secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial mencionó que esos cobros representan una gran recaudación para las escuelas, pero una carga económica más para quienes los utilizan.

“Son tarifas que muchas veces desincentivan, desmotivan y afectan económicamente a estudiantes y tutores. Los centros escolares deben tener áreas diseñadas para el acceso sin restricción a los procesos de aprendizaje”, comentó.

En su iniciativa, turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, indicó que por ningún motivo los planteles deben implementar prácticas que discriminen y distingan, como si los que tuvieran la posibilidad de pagar cuota de estacionamiento gozaran de privilegios.

Las instituciones formativas deben realizar esfuerzos para atraer alumnado, conducirse con inclusión y propiciar igualdad de oportunidades, en aras de garantizar acceso universal a la educación.

El legislador consideró que los espacios en los centros educativos no se deben de limitar únicamente a tener aulas pertinentes, sino contar con lugares recreativos, de estudio y de estacionamiento, así como de cualquier otro sitio que abone en las tareas pedagógicas.

Precisó que actualmente existen diversas disposiciones legales locales que regulan el servicio de estacionamiento; sin embargo, se ha dejado de lado el tema de los aparcamientos en colegios.

Romo García sostuvo que los establecimientos académicos deben garantizar superficies suficientes de calidad, máxime en instituciones en las que los estudiantes contribuyen económicamente mediante cuotas o colegiaturas.

“Con la adición del artículo 79 Bis a la Ley General de Educación, se busca erradicar esta mala práctica implementada en algunos planteles y cumplir con los principios que imperan en el derecho a la educación, como la no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión”, concluyó.