Solicita senadora Perredista modificar el artículo 123 Constitucional para cumplir tal objetivo.

En el empleo, ninguna persona será discriminada por razón de discapacidad física, y se hace un llamado al sector privado y a las dependencias del sector público para que consideren y contraten a personas con capacidades diferentes; los empresarios podrán deducir de sus gastos hasta el 100 por ciento de algunos gravámenes, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando demuestren que cumplen con esta obligación, propuso la senadora María Leonor Noyola Cervantes.

Con ese motivo, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el párrafo primero del artículo 123 Constitucional.

Recordó que el 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos.

Agregó que el 30 de marzo de 2017, nuestro gobierno firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, los cuales fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006 y aprobados por la Cámara de Senadores el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Al ratificar esta Convención, dijo, nuestro país refrendó su compromiso en favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos con alguna discapacidad (en territorio nacional y el extranjero), generando condiciones que permitan a toda persona desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos y libertades plenamente y sin discriminación.

De acuerdo con datos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, expuso, anualmente se suman en México alrededor de 270 mil personas con alguna discapacidad a las más de 10 millones que, se estima, existen en el país. Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en 2017 sólo 35 mil personas encontraron un empleo formal.

Esto demuestra, señaló, que en nuestro país hay ausencia de políticas de inclusión y no se cuenta con espacios aptos para cubrir las necesidades de estas personas, candidatas a un empleo en el mercado laboral.

“En el Grupo Parlamentario del PRD estimamos que con la inclusión laboral de personas con discapacidad se cumplirán los instrumentos internacionales firmados por nuestro país en la materia. Debe ser considerada como una oportunidad de crecimiento, con beneficios para las empresas y para las dependencias del gobierno y la comunidad, toda vez que esta condición no es limitante para su desarrollo personal”, expresó la senadora Noyola Cervantes.

La iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, Segunda.