• Debe prevalecer el uso de la razón y el sentido común

• Denuncian migrantes trato inhumano en su tránsito por México

En el marco del “Encuentro a favor de una migración con rostro humano”, la senadora Mariana Gómez Del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe, señaló que la política migratoria en el país debe dejar de ser persecutoria para convertirse en una política social, comprensiva y humana.

Aseguró que los legisladores han presentado diversas iniciativas para reformar la ley de migración, “porque buscamos que su tránsito no sea la pesadilla mexicana, ya que los migrantes no son criminales, sino personas que están buscando una mejor oportunidad”.

Gómez del Campo refirió que ya se ha presentado una reforma para elevar a rango constitucional el derecho de las personas migrantes, así como para que el Estado tienda la mano a las casas de asistencia, debido a que estos en albergues hacen muchas de las tareas que le toca al gobierno.

“Lo que menos deseamos es que se endurezca la política migratoria, no queremos que autoridades prioricen el uso del tolete, en lugar de hacer uso de la razón y el sentido común”, manifestó.

La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que se han hecho exhortos para que el Gobierno federal explique acciones como el operativo implementado por el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y autoridades estatales en Tabasco, por el uso de la fuerza pública que no puede justificarse.

Escuchar a los migrantes ha sido una de nuestras principales tareas, porque si no entendemos lo que viven o sufren, difícilmente podremos construir soluciones coherentes para darle a la migración un rostro humano, por lo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para perfeccionar la legislación, puntualizó.

En su oportunidad, los migrantes centroamericanos demandaron respeto a su seguridad, atención médica y un trato digno en su tránsito por territorio mexicano.

Durante el encuentro presidido por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, los migrantes de países como El Salvador, Guatemala, Hondura y Nicaragua denunciaron que en su paso por México reciben malos tratos por parte de las autoridades de migración.

El guatemalteco Gonzalo González Segura denunció que es un atentado contra la integridad física de los migrantes que en regiones como Tlaxcala, Celaya o Guadalajara haya durmientes en forma vertical, a menos de dos metros de las vías del tren, lo que significa un atentado.

Denunció que muchos de sus compañeros son violentados o asaltados en su camino por la complicidad que existe entre las autoridades y los grupos delincuenciales que operan en estados como Oaxaca o Chiapas.

El senador del PRD, Zoé Robledo Aburto reconoció que el Estado mexicano tiene una enorme deuda con los defensores de los derechos humanos, pues son ellos quienes están sustituyendo los vacíos que deja el gobierno.

Asimismo, afirmó que México se ha convertido en una tierra hostil y un duro obstáculo para las aspiraciones, sueños y derechos humanos de los migrantes, por lo que “en el Senado sería irresponsable no reconocerlo, y por lo menos, desde nuestra posición pedirles una disculpa”.

Comentó que el Programa Nacional de Migración debe o asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes y el castigo a quienes violan estas garantías, de lo contrario, precisó, tendremos que buscar un mecanismo diferente.

En tanto, el padre Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue “Hermanos en el Camino” hizo un llamado a dar difusión al Programa Especial de Migración (PEM), decreto que entró en vigor en mayo de 2013 y el cual está firmado por el Presidente de la República y miembros de su gabinete.

Solalinde Guerra dijo que la atención del fenómeno migratorio, con una perspectiva humana, capaz y moderna es un desafío que requiere ser atendido con un enfoque de corresponsabilidad, en la que participen países de Centroamérica y América del Norte.

Consideró que en México debe dejarse de lado “la visión cuadrada de la seguridad” para consolidar una política migratoria que incluya una visión integral, de largo plazo, corresponsable con todos los actores que de la región.

Elizabeth Lara Rodríguez, coordinadora de la Oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en Ixtepec, Oaxaca, expresó que México está en deuda con los migrantes y tiene el deber de resarcirles cualquier daño que sufran al atravesar el país.