Otros propósitos: constatar que no hay tráfico de influencia ni conflictos de interés.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa que en casos de concesiones, contratos, convenios permisos o licitaciones, se publique la información referente al Acta Constitutiva de la persona moral que se vio beneficiada con dicha decisión. Esto, con el fin de poder constatar que no existe tráfico de influencia y conflicto de interés entre los actores involucrados.

La reforma obligará a las empresas que hayan ganado licitaciones gubernamentales, a publicar el año de su creación, su giro comercial, domicilio fiscal y nombre de quienes integran el Consejo de Administración o su equivalente. Además, en los casos de proveedores y contratistas, se publicará su domicilio fiscal y RFC.

En la exposición de motivos, la senadora dijo que la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en ejes estratégicos para el combate contra la corrupción, problemática que ha venido aquejando a nuestro país y que es un freno para su desarrollo. Además, explica, la poca o nula falta de transparencia y rendición de cuentas genera descontento y desconfianza en la ciudadanía hacía sus representantes.

Señala que de la corrupción se desprende el soborno, actividad que tiene que vigilarse de manera detallada, ya que en nuestro país han ocurrido una infinidad de casos de sobornos condicionados, para obtener influencia, beneficios ilegales dentro de concursos, licitaciones o cualquier situación en la que se vea inmerso el ejercicio del recurso público. Así, especifica que uno de los principales elementos del soborno es por un lado el servidor público, y por el otro, la persona interesada en obtener una ventaja ilegal dentro de un proceso, una norma, decisión o resolución de ejercicio de recurso público.

Lo anterior, también da paso a lo que se conoce como tráfico de influencia, que al menos puede ser considerada como una práctica moralmente objetable, donde se utiliza la influencia personal en el sector gubernamental y empresarial mediante contactos o conexiones con personas para obtener beneficios, detalla.

La legisladora señaló que esta iniciativa ayudará a combatir los casos de desvíos de recursos en los que están involucradas empresas fantasma, como en el caso de La estafa maestra, donde se extraviaron 7 mil 600 millones de pesos.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXVII y XXXII del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.