- Del total de transacciones, aproximadamente 73 por ciento es de tipo interbancario y el restante 27 es de la misma institución financiera


El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (PRI) presentó una iniciativa para que los comercios que utilicen una Terminal en Punto de Venta (TPV) no cobren comisiones a los usuarios de tarjetas de crédito o débito por utilizarlas para realizar un pago.

La mayoría de los establecimientos comerciales incluyen el cobro de comisiones en el precio del bien o servicio que ofrecen. No obstante, una minoría transfiere arbitrariamente el cobro en porcentajes variados y excesivos, una práctica que impacta el bolsillo de los consumidores. Las comisiones o recargos pueden ir desde el 3 hasta el 5 por ciento por el valor de la compra.

Por ello, planteó reformar las leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la Federal de Protección al Consumidor, para prohibir que los establecimientos comerciales cobren cualquier tipo de comisión a los consumidores por compras realizadas con tarjeta de crédito o débito. Además, que la Profeco vigile permanentemente el cumplimiento de esta disposición.

El legislador comentó que los bancos aplican varias comisiones al establecimiento comercial por el uso de una TPV. Una de ellas es la cuota por la instalación y apertura del contrato respectivo, que es en promedio de 300 pesos.

Posteriormente, la realización de los pagos con tarjetas bancarias puede derivar en dos tipos de procesos, dependiendo básicamente de la coincidencia entre el banco emisor del plástico y la TPV del establecimiento.

La operación que involucra a una tarjeta y a una TPV diferentes se le conoce como “transacción interbancaria”, mientras una “transacción mismo banco” es aquélla en que la la tarjeta y la TPV son de la misma institución crediticia.

En nuestro país, de acuerdo con el Banco de México, aproximadamente el 73 por ciento de las transacciones son interbancarias y el 27 por ciento son del mismo banco, indicó.

Detalló que existen costos para cada proceso, siendo los más comunes las cuotas de intercambio y las tasas de descuento.

La primera, se efectúa entre bancos cuando en el establecimiento comercial se compra con una tarjeta de diferente banco al que emitió la TPV, comisión que también sirve para cubrir costos de operación del sistema financiero.

En tanto, la tasa de descuento, explicó, es la comisión que cobran los bancos a los comercios por el uso de la infraestructura financiera requerida para los pagos con tarjeta, servicios que incluyen instalación de la TPV y acceso a la red de pagos.

Además, cubre costos de operación del banco, por cada transacción y varía de acuerdo con el giro del comercio y el tipo de tarjeta.

Refirió que las tarjetas de crédito y débito expedidas por el sistema bancario mexicano se han consolidado como un usual medio de pago para millones de personas. En México, se calcula que existen más de 30 millones de tarjetahabientes, entre ahorradores, nomina-habientes y titulares de una tarjeta de crédito, derivado de la celebración de un contrato de apertura de crédito con una institución bancaria.

La penetración de estos instrumentos no solo ha facilitado y hecho más seguras las transacciones comerciales, sino que también refleja la solidez alcanzada por el sistema financiero mexicano, afirmó.

Precisó que sólo durante 2013, se realizaron más de mil 676 millones de pagos con tarjetas bancarias en comercios, por un monto de 811 mil millones de pesos. El valor de dichas transacciones representó el 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto, y el 8.5 por ciento del monto del consumo privado.

Sánchez Sánchez destacó que en los últimos años, el Banco de México ha adoptado diversas medidas para ordenar el pago de este tipo de comisiones.

Entre ellas, solicitar a los bancos que revisen las tasas de descuento y las cuotas de Intercambio, en el entendido de que estas comisiones, cuando son elevadas, pueden inhibir la aceptación de dichos medios de pago e incrementar el precio final al consumidor.

Por ello, dijo, es necesario fortalecer la rectoría del Estado en el sistema financiero, defender los derechos de los consumidores y generar mejores condiciones para el desarrollo del mercado interno.