Prohibir el transporte de sustancias peligrosas en camiones de doble remolque

- Proponen eliminar a cinco años el traslado de combustibles en vehÃculos de doble remolque
- Además, limitar en 80 kilómetros por hora la velocidad máxima para camiones de carga
- Panel de Expertos presenta informe del análisis a la norma sobre al peso y dimensiones máximas de camiones de carga
Prohibir de inmediato el transporte en unidades de doble remolque (fulles) de sustancias peligrosas altamente tóxicas, y en un periodo máximo de cinco años las operaciones de estos vehÃculos que trasladan combustibles, propuso un panel de expertos a la Comisión de Transportes, que preside Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN).
En la reunión, en la que estuvo el subsecretario de Transportes de SecretarÃa de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Almada López, el grupo de especialistas conformado a partir del acuerdo de entendimiento, suscrito el 2 de mayo de 2013 entre la SCT y las principales cámaras y asociaciones del subsector del autotransporte, dio a conocer los resultados del análisis de la norma NOM-012-SCT-2-2008.
Dicha norma se refiere al peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehÃculos de autotransporte que transitan en las vÃas generales de comunicación de jurisdicción federal.
Se planteó prohibir la incorporación de nuevas unidades doblemente articuladas para esa actividad y propiciar el uso gradual de ductos y del ferrocarril para trasladar sustancias peligrosas, principalmente combustibles.
Además, equipar los fulles con tecnologÃa de punta que abone a la seguridad, como gobernadores de velocidad, cámara de video, bloqueador de señal telefónica en cabina, suspensión neumática, localizadores GPS, frenos ABS y sincronizador de frenado, asà como adoptar nuevas tecnologÃas para vigilar y supervisar el autotransporte e imponer sanciones por exceso de peso y velocidad.
Crear un organismo descentralizado de la SCT que atienda la problemática de la siniestralidad vial del autotransporte y elabore el Plan Nacional de Seguridad Vial, que establezca mecanismos para obtener información sobre las causas y consecuencias de los accidentes, identificar los sitios de alta incidencia e implementar medidas preventivas y correctivas con la participación de los tres niveles de gobierno.
También, regular la circulación de los fulles en zonas de alta densidad poblacional; establecer horarios determinados y vÃas especÃficas, y diseñar polÃticas de fomento a la inversión para establecer centros de distribución para la recepción de la carga fuera de las ciudades.
Los expertos propusieron promover la revisión y actualización del marco jurÃdico aplicable, como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y el Reglamento Interior de la SCT, entre otros, además de diseñar y expedir Normas Oficiales complementarias para adecuarlos a las caracterÃsticas actuales de los vehÃculos del subsector.
El subsecretario Almada López pidió abordar el tema con seriedad y cautela, ya que 75 por ciento de la carga en México se traslada por autotransporte federal, por lo que cualquier decisión se vuelve fundamental.
Indicó que este sector enfrenta una problemática que tiene que ver con seguridad, preservación de infraestructura, emisión de gases de efecto invernadero, con el Estado de derecho, preservación de la vida y, centralmente, con la eficiencia de la economÃa, empleos, ingreso de los mexicanos y competitividad a nivel nacional y regional en la integración con América del Norte y Central.
Señaló que el análisis presentado “es una buena manera de enfrentar el diseño de las polÃticas públicas cuando, como en el caso del transporte en general y particularmente del autotransporte, está en juego algo esencial para el paÃsâ€.
Durante su presentación, el presidente del Panel de Expertos, Rubén Hernández Cid, consideró que se deben mantener los términos de la NOM-012-SCT-2-2008 referidos al peso y dimensiones establecidas, en tanto se dispone de información estadÃstica.
Sugirió crear una instancia de seguimiento con participación de representantes de la autoridad, asociaciones del subsector, empresas, legisladores, organismos internacionales y académicos, para valorar la restricción vigente del rango de peso máximo, entre 66.5 y 75.5 toneladas.
También recomendó mantener la restricción en cuanto al peso bruto vehicular máximo autorizado, según el tipo de camino en el que se transite, cuando cumplan con las especificaciones técnicas y disposiciones de seguridad y de control establecidas.
Propuso mantener las velocidades mÃnimas y máximas de 80 kilómetros por hora para camiones de carga, y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, o las que se indiquen en los señalamientos cuando sean menores.
Asimismo, promover la revisión y actualización del marco jurÃdico aplicable, como la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. y el Reglamento Interior de la SCT, entre otros.
También, rediseñar el esquema de emisión de licencias federales para que tengan vigencia de dos años con diferenciación para aquellas correspondientes a las de conductores de vehÃculos de materiales peligrosos.
Crear y establecer una nueva modalidad de registro de camiones doblemente articulados en el autotransporte federal, a efecto de que se sujete a permisos y placas especiales. La licencia tendrÃa vigencia de un año, con requisitos de capacitación en centros especializados y certificados.
Sugirió crear sistemas de acopio de datos confiables, auditables y transparentes para disponer de elementos estadÃsticos útiles en el diseño de polÃticas encaminadas a la preservación de la seguridad y prevención de accidentes, daño a la infraestructura, conservación del medio y promoción de la competitividad.
Además, establecer un mecanismo efectivo para aplicar multas bajo un esquema de sanciones disuasivas a conductores y empresas reincidentes por sobrepeso de la carga, exceso de velocidad, consumo de alcohol y drogas, asà como transportar sustancias peligrosas.
Crear dentro de la PolicÃa Federal una instancia especializada para el ámbito del autotransporte; además, impulsar la renovación del parque vehicular mediante estÃmulos fiscales y flexibilización de financiamiento.
Aplicar la regulación en materia de operación y desempeño de conductores y revisar con las empresas los sistemas de remuneración a los operadores; promover un programa a nivel nacional de educación y cultura viales, a través de campañas de difusión en medios de información y redes sociales.
Durante la reunión, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez manifestó el interés de los legisladores por contribuir a que México tenga carreteras más seguras, “donde el derecho la vida y la seguridad sea lo que permee en primer lugarâ€, sin hacer de lado el tema ecológico y sea una prioridad para que México sea autosustentable y cuente con la fortaleza y capacidad de dejar un planeta más limpio.
Pero también, dijo, hay que tomar en cuenta el tema económico, que tiene que formar parte de esto, privilegiando la seguridad de los usuarios de las carreteras. “No podemos poner precio a la vida y la seguridad de las personasâ€.
Expresó que éste es un sector “importantÃsimo y la cadena logÃstica no puede sobrevivir sin este eslabón que está muy debilitado. Hay que fortalecerlo, trabajar en normativas que permitan su profesionalización y convertir a México en la plataforma logÃstica de América, que contribuya al multimodalismoâ€, enfatizó.
Para ello, dijo, se debe fortalecer la ley ferroviaria, reglamentos de autotransportes y el cabotaje marÃtimo, “que es el siguiente paso que le toca a esta Comisiónâ€.
Propuso exhortar a la SecretarÃa de EconomÃa para que emita una norma de fabricación basada en pesos y dimensiones, que prohÃba la elaboración, “a partir de este momentoâ€, de camiones con determinadas especificaciones y acote en cinco años el tránsito de sustancias peligrosas.
Muñoz Márquez afirmó que es necesario generar leyes de fácil aplicación, regulación y supervisión. “Ese es el meollo de todo el asuntoâ€: se generan leyes, pero no se supervisa, ni sanciona y caemos en la corrupción.
Planteó cambiar la legislación a fin de regular sanciones electrónicas y que los centros de verificación de condiciones fÃsico-mecánicas puedan generar infracciones, con la supervisión de autoridades federales autorizadas por la SCT.
Destacó que esta Comisión impulsará diversas iniciativas de reformas para facilitar la implementación de los nuevos reglamentos de la SCT y que la tecnologÃa se convierta en ayudante para ejecutar esas normatividades. Dijo que se buscará tener listas estas reformas a más tardar en diciembre de este año.
El diputado Felipe Arturo Camarena GarcÃa (PVEM) reconoció la importancia de las recomendaciones sobre la problemática que se enfrenta en las carreteras. Cuestionó si las carreteras pueden sostener el peso que recomienda la norma y coincidió con la propuesta de instalar en los camiones de carga un gobernador, pues la mayorÃa de los accidentes es por exceso de velocidad.
El diputado ValentÃn González Bautista (PRD) dijo que se deben tomar medidas respecto a la grave incidencia de accidentes en carreteras federales, pues organismos internacionales en materia de salud, identifican a México como una nación de alta incidencia de pérdida de vidas como consecuencia de accidentes carreteros y el costo económico es altÃsimo. “No ganamos por ningún ladoâ€, subrayó.
Francisco Tomás RodrÃguez Montero (PRD) planteó la importancia de regularizar el tema de los corralones que cobran hasta 20 mil pesos por un tráiler, además de los abusos que se cometen por parte de los servicios de grúa. Pidió “meter al orden a los depósitos, que son terrenos sin barda ni protecciones donde desmantelan unidadesâ€.
Francisco Alberto Zepeda González (PRI) manifestó su preocupación respecto al uso de unidades para el manejo de sustancias peligrosas y el tiempo en que se ha planteado que salgan de operación.
El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI) señaló que es necesario regular y formalizar los acuerdos que permitan dar más seguridad en todos los aspectos al transporte público federal y, sobre todo, en materia de doble remolque.
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