Senadores y diputados deben ser procesados como cualquier persona si cometen delitos.

El senador Martí Batres presentó una iniciativa que busca eliminar el fuero de legisladores federales para que puedan ser acusados por cualquier delito de carácter penal y ser procesados como cualquier persona.

Dijo que existe un reclamo de la sociedad mexicana para suprimir privilegios y la responsabilidad del Congreso de la Unión, particularmente de la Cámara de Senadores, es responder positivamente a esta demanda.

Recordó que esta figura constitucional nació para proteger los dichos, afirmaciones y opiniones de legisladores. No obstante, advirtió, en el transcurso del tiempo se ha convertido en una forma de resguardar privilegios.

Si el Presidente de México ha planteado eliminar el fuero para el propio titular del Poder Ejecutivo Federal, asentó, “no veo por qué no vamos nosotros también, como legisladores, a dar el paso correspondiente” para quitar esta figura de la Constitución Política.

El senador de Morena propuso modificar el artículo 61 de la Carta Magna para que los diputados y senadores al Congreso de la Unión, durante el tiempo de su encargo, puedan ser acusados por cualquier delito de carácter penal y procesados como cualquier persona.

Batres Guadarrama precisó que las sanciones penales se aplicarán de conformidad con lo previsto por la legislación penal y demás leyes aplicables.

Los delitos por cuya comisión u omisión el autor obtenga beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, agregó, deben graduarse de acuerdo con el conflicto de interés, el abuso de autoridad, el lucro obtenido y la gravedad de los daños y perjuicios causados.

Sugirió que el presidente de cada Cámara vele por el respeto a los derechos procesales de los legisladores y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Según la propuesta, los legisladores podrían en cualquier tiempo impugnar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales competentes ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bajo ninguna circunstancia, aclaró, se debe proceder penalmente contra ningún legislador o legisladora por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones.

El también presidente de la Mesa Directiva propuso derogar del primero al octavo párrafos del artículo 111 Constitucional. Además, modificar el penúltimo párrafo para establecer que las sanciones penales se aplicarán de conformidad con lo previsto por la legislación penal y demás leyes aplicables.

Del mismo modo, propuso mantener la redacción del último enunciado de este artículo para que las sanciones económicas no puedan exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Con esta propuesta, dijo Martí Batres, se eliminaría el juicio de procedencia que hoy protege a los legisladores, aunque se mantendrían la protección a sus opiniones, las cuales serían inviolables.

La iniciativa, que obtuvo el respaldo de varios senadores, se analizará en las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.