• México obligado a configurar un sistema que reconozca los derechos de niñas, niños y adolescentes: Angélica de la Peña

• Propone Gil Zuarth que elementos del sistema de justicia penal se apliquen para adolescentes que infringen la ley


Durante el Conversatorio de Justicia Penal para Adolescentes senadores, especialistas y representantes de organizaciones consideraron necesario contar con un sistema de justicia penal para adolescentes infractores especializado y apegado a los convenios internacionales que México ha suscrito.

La senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que es necesario crear un nuevo sistema de justicia para adolescentes infractores, apegado a la Convención sobre Derechos de la Niñez.

Señaló que México está obligado a configurar un sistema fundado en el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que de manera concreta garantice una respuesta a las dificultades y obstáculos a los derechos de este sector.

Advirtió que la situación del país es preocupante, debido a que hay 33 instrumentos jurídicos que no corresponden a los preceptos de dicha Convención “y es por eso que nos parece importante que se inicien los trabajos para legislar una sola ley que tenga aplicación en el ámbito local y federal, apegada a los instrumentos jurídicos internacionales”.

El presidente de la Comisión de Justicia, senador Roberto Gil Zuarth, consideró que un “paso fundamental” en la justicia para adolescentes infractores es que los elementos que se integran en el sistema de justicia penal, como juicios orales, se aplique en el proceso para los adolescentes que infringen la ley.

El senador de Acción Nacional dijo que si bien se han aumentado las penas a las conductas ilícitas, en el sistema penal para adolescentes “no se ha transitado a una legislación única en materia procedimental”.

Explicó que hay un cambio de enfoque en el sistema jurídico porque se ha puesto a la persona en el centro del sistema jurídico, se ha cambiado el “viejo paradigma” de que el derecho se entiende, se analiza y se aplica desde la perspectiva del Estado.

Agregó que el nuevo modelo pone al sujeto en el centro del sistema jurídico y todos los problemas prácticos se resuelven con una visión de los derechos de una persona. Se busca un cambio de cultura para rediseñar las instituciones y contar con instituciones que tengan presente la plena vigencia de los derechos.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Miguel Cillero Bruñol, destacó la importancia de contar con un sistema integral de justicia penal para adolescentes infractores, ya que los delitos que cometen causan un gran impacto en la sociedad que muchas veces se hace “escandaloso” como el caso del “niño sicario”.

Comentó que se requiere crear un sistema integral que responda a la aplicación de la ley por la comisión de delitos y a la vez respetar los derechos humanos. La justicia penal para adolescentes es “una piedra angular de un sistema democrático y de un sistema social que respeta los derechos humanos”, agregó.

Miguel Cirello sostuvo que entre los desafíos para la construcción de un sistema penal especializado es que el tema debe ser atendido desde la visión de que infringen la ley en grupo, con alta incidencia en el consumo de sustancias ilícitas y en la necesidad de que como individuos, muchas veces buscan tener identidad. Este sistema debe alentar a los adolescentes a dejar una “identidad y vida delictiva”.

La secretaria técnica del consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel expresó que el actual sistema de justicia para adolescentes sufre de carencias y debilidades, por lo que es necesario fortalecerlo a través de una reinserción social efectiva, la prevención del delito y el pleno respeto a los derechos humanos de los menores.

Aseguró que las entidades llevan a cabo acciones que están desarticuladas, desde la manera en la que se juzga, los servicios previos al juicio, penalidades excesivas, carencias en la reinserción social, “es momento de uniformar el sistema y lograr una reforma bajo el derecho de igualdad”.

En el mismo sentido, Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, expresó que los estados tienen una desarticulación en la implementación de la legislación y “no han hecho un esfuerzo por trabajar con la sociedad civil para crear programas que atiendan esta problemática”.

La justicia para adolescentes implica que la sociedad civil se involucre y que las instituciones otorguen una apertura para el diseño de programas que permitan crear un instrumento legal efectivo en la impartición de justicia para adolescentes, puntualizó.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México aseguró que es indispensable crear mecanismos de articulación entre el gobierno y las secretarías, “porque en este momento nos encontramos con un Estado fragmentado, un México que tiene una institucionalidad porosa, donde se nos están colando las vidas de miles de jóvenes”.

Refirió que en los últimos siete años se ha incrementado la tasa de homicidios contra jóvenes de entre 15 y 17 años, por lo que propuso crear un órgano de seguimiento a los casos de los adolescentes infractores, así como impulsar medidas alternativas a la prisión, ya que “estar dentro de este sector te coloca en mayor riesgo de ser asesinado en este país”.

Además, se debe fortalecer el sentido de dignidad y valor personal de adolescentes infractores, reforzar la autoestima, el respeto a la propiedad, así como a los derechos y libertades a terceros. El problema debe atenderse desde una visión ética, política y jurídica.

Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, magistrada titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del estado de Morelos, consideró necesario implementar un sistema de justicia especializado para los adolescentes, ya que muchas veces se les realiza un procedimiento hecho para adultos cuando ellos aún no alcanzan la madurez.