- Pide revisar actuación de Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de Justicia estatal en las detenciones, procesamiento y encarcelamiento de los luchadores sociales.

- El gobernador de Puebla utiliza las instituciones del estado para encarcelar injustamente a quienes lo cuestionan pública y pacíficamente.

La senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, planteó un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente un informe que documente la situación jurídica y de violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales detenidos en Puebla.

En segunda instancia, conmina al Congreso de dicho estado a que solicite información, cite a comparecer o lleve a cabo reuniones de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia estatal para revisar su actuación en las detenciones, procesamiento y encarcelamiento de los activistas.

Adicionalmente, solicita al Congreso local considerar modificaciones legislativas para crear un Consejo de la Judicatura en el estado, que coadyuve al fortalecimiento del Poder Judicial en la entidad.

En el punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente, la legisladora refiere la detención de Enedina Rosas Vélez, el 6 de abril de 2014, al negarse a firmar --en su calidad de comisaria ejidal-- la autorización para el paso de un gasoducto, parte del proyecto integral Morelos.

Al día siguiente, el defensor de Derechos Humanos, Juan Carlos Flores, también opositor a dicho proyecto y quien organizó manifestaciones por su liberación, fue detenido después de acudir a una reunión a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, con lujo de violencia y acusado por delitos que nunca cometió, con base en falsos testimonios rendidos por diversas autoridades policiales, añade.

Estas aprehensiones ilegales, señala la senadora, marcaron el inicio de una política de represión y hostigamiento contra quienes se manifiestan o se oponen al gobernador Rafael Moreno Valle, quien utiliza las instituciones del estado para encarcelar injustamente a activistas, defensores y autoridades municipales que lo cuestionaban pública y pacíficamente.

Posteriormente se registró la detención de Abraham Cordero, también opositor del Proyecto Integral Morelos, y a más de una docena de campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y que además son autoridades elegidas mediante el sistema de usos y costumbres indígenas por sus propias comunidades.

Inclusive, agrega, se ha detenido a abogados y ejidatarios que se oponen a que sus tierras sean expropiadas con fines comerciales.

Por otra parte, la senadora Padierna Luna destaca que de acuerdo a información de organizaciones civiles y grupos de abogados y familiares, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Poder Judicial del estado no ponen límite a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las instituciones que actúan al servicio del Poder Ejecutivo.

Al contrario, según las organizaciones, tanto el Poder Judicial como la Comisión, actúan al servicio del gobernador y legitiman las violaciones a los derechos humanos en contra de activistas, defensores, autoridades indígenas y cualquier persona que públicamente se atreva a discrepar con el titular del Ejecutivo del estado.

“En Puebla no hay ninguna institución que limite o evite las arbitrariedades cometidas por el gobernador”, puntualiza la legisladora. La persecución y encierro que el gobierno de Puebla impone a activistas, defensores y autoridades indígenas, es una respuesta violenta contra las manifestaciones ciudadanas pacíficas en defensa del territorio, del patrimonio cultural y la identidad de los pueblos.

Con su actuación, el gobierno de Puebla vulnera los derechos a la libertad, integridad, acceso a la justicia y al debido proceso de quienes participan activamente en las luchas sociales y reivindican el derecho a la consulta previa, libre e informada, a propósito de supuestos proyectos de desarrollo que los afectan directamente.

Además, agrega, la administración estatal poblana violenta los principios de los sistemas normativos indígenas basados en usos y costumbres, trasgrediendo con ello su propio mandato Constitucional local, la Constitución General de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, finaliza la senadora Padierna Luna.