- “Casa Blanca”, ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, afirma la senadora del PRD.

- El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis.

La senadora Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, haga pública su declaración patrimonial y la de su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado.

La declaración, agregó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática, debe precisar la situación del inmueble ubicado en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Además, solicitó que la Auditoría Superior de la Federación realice una investigación acerca de los contratos otorgados a Grupo Higa y sus filiales, así como a las demás empresas pertenecientes a Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México a la fecha, con el fin de deslindar un posible tráfico de influencias y de corrupción y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

La propuesta también plantea que los gobiernos del Estado de México y el Federal informen de manera detallada sobre contratos celebrados con Grupo Televisa, entre el 5 de septiembre de 2003 y el 1 de noviembre de 2014, y precisen los montos y objetos de los mismos.

Además, propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue los ingresos de la señora Angélica Rivera, a partir del ejercicio fiscal de 2007 y solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe respecto de las indemnizaciones de que será objeto Grupo Higa, por la cancelación del proyecto de Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

Dolores Padierna expresó que la “casa blanca”, mansión particular de la familia Peña Rivera, valuada en siete millones de dólares --86 millones de pesos-- es la prueba de cómo el régimen concibe el servicio público.

Al presentar el punto de acuerdo, explicó que la señora Rivera ya tenía una propiedad colindante a la ahora conocida “casa blanca”, la cual le fue transferida por la empresa Televisa bajo un esquema de incentivos por su labor como actriz.

La transacción a favor de la hoy esposa del Presidente ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México, puntualizó.

En ese sentido, aseguró que de ser cierto lo declarado por el vocero de la Presidencia, al señalar que la propiedad ha sido fruto del arduo trabajo de la primera dama, debiera verse reflejado en la declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Además, la legisladora mencionó que desde que Enrique Peña llegó a la Presidencia ha beneficiado a Grupo Higa con diferentes contratos.

Advirtió que un Presidente que estableció como uno de sus principales actos de gobierno la lucha contra la corrupción, debe ser totalmente transparente en lo que se refiere a su patrimonio.

Finalmente, Dolores Padierna apuntó que México padece una crisis política y de legitimidad muy grande, producto de una errática dinámica económica del país, del descrédito e indignación que han generado los hechos de Iguala, en Guerrero y de Tlatlaya en el Estado de México, de la corrupción y el tráfico de influencias que involucran directamente a Peña Nieto y su familia.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación.