Juez de Control establece plazo de tres meses para investigación por probable delito de ejercicio indebido de funciones

El ex Gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz quedó esta noche vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, un delito que alcanza hasta 12 años de prisión.

A petición de la Subprocuraduría Anticorrupción, un Juez de Control determinó el auto de vinculación por la probable comisión de este delito, al considerar presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora KIA Motors, por más de 3 mil millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la ley.

La Fiscalía pidió también la vinculación a proceso del ex Gobernador priista por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado, pero el Juez Jaime Garza Castañeda solo vinculó por ejercicio indebido de funciones.

Ante esta decisión, la Fiscalía presentará una apelación.

La audiencia del ex Gobernador se realizó en medio de una jornada maratónica de 13 horas, en las que incluso se presentó una falla eléctrica que dejó a oscuras la Sala durante algunos minutos.

Medina acudió a la audiencia realizada en el Palacio de Justicia de Monterrey acompañado de defensa, integrada por el ex Procurador General de Justicia, Javier Flores, y el abogado penalista Alonso Aguilar Zinzer.

Después de esta audiencia, en la que el ex Mandatario no pierde la presunción de inocencia, se abre un periodo de investigación en el que el Ministerio Público y la defensa deberán aportar las pruebas y argumentos.

El Juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de investigación, que deberá ser el 9 de noviembre.

Debido a que la defensa de Medina de la Cruz presentó una suspensión provisional de amparo, el Juez no emitió medidas cautelares.

Las irregularidades atribuidas a Medina de la Cruz se derivan de la Operación Tornado, una investigación de la actual administración estatal sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones.

Ernesto Canales Santos, Fiscal Anticorrupción, dijo que esta vinculación es muy relevante por las consecuencias de responsabilidad penal que habría para el ex Gobernador.