_ Esta declaración fue adoptada durante la II Reunión Anual del MIRPS, en donde los Estados miembro –Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá– dieron seguimiento a los compromisos adquiridos a través de la Declaración de San Pedro Sula, en 2017. Este encuentro, convocado por la presidencia pro-tempore reunió a delegados y delegadas de países MIRPS, organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil, el sector privado, instituciones financieras y otros socios.
“La creación de la presidencia pro-tempore para la gestión del MIRPS fue un paso esencial. Constituye una instancia política y soberana para propiciar la articulación de respuestas coordinadas y responsabilidad compartida frente a la movilidad humana en busca de protección internacional, y el desplazamiento forzado en Centroamérica y México”, dijo Andrés Ramírez Silva, titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), actualmente encabezando la presidencia pro-tempore del MIRPS.
Esta declaración, añadió Ramírez Silva, muestra el periodo de presidencia de México, durante el cual se diseñó e implementó un plan de trabajo y se facilitó la coordinación entre países MIRPS y otros socios relevantes.
En la reunión se presentó el segundo informe anual que incluye buenas prácticas implementadas este 2019 por los países de la subregión, como parte de los esfuerzos diseñados en sus planes nacionales en materia de recepción y admisión, asistencia humanitaria, abordaje de causas estructurales del desplazamiento forzado y la búsqueda de soluciones duraderas.
Se destacaron iniciativas de acceso a la educación, empleo y permisos laborales, documentación y acceso al procedimiento de asilo, entre otras prácticas que facilitan la integración de solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos y deportados con necesidades de protección centroamericanos en sus comunidades de acogida.
Adicionalmente, se identificaron iniciativas adelantadas a nivel regional con el apoyo de socios, incluyendo el fortalecimiento en el intercambio de información y análisis sobre la situación de violencia y las necesidades humanitarias en el norte de Centroamérica, a través del Subgrupo de Protección del Grupo Regional de Trabajo del IASC – Riesgo, Emergencia y Desastre (REDLAC).
De igual forma, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha contribuido a mejorar las condiciones de las personas en desplazamiento a través de la renovación de infraestructura de albergues y otros servicios básicos. Por último, el Sistema Integración Centroamericana (SICA) ha sido clave para generar espacios de intercambio de experiencias a nivel regional para la mejora de la respuesta en el desplazamiento forzado. Esto ha permitido que se inicie el monitoreo de indicadores de desplazamiento.
Como uno de los principales aspectos, resaltaron la necesidad de continuar fortaleciendo acciones que permitan compartir la responsabilidad y acelerar de manera solidaria la respuesta regional a las diversas situaciones de desplazamiento forzado que actualmente tienen un impacto significativo en comunidades de origen, tránsito y destino.
“Este tipo de enfoque conjunto y liderado por los Estados es necesario ahora más que nunca, en un contexto en el que un número récord de 70.8 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares. Esta región no está exenta de esta realidad. Podemos y debemos hacer mucho más para resolver y prevenir conflictos si queremos revertir esta trágica tendencia.
“El MIRPS es uno de los ejemplos sobresalientes de cómo implementar el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el cual hace un llamado a los Estados a abordar el desplazamiento forzado a través de marcos de respuesta integrales, forjados en planes de acción nacionales desarrollados por diversos actores e incorporados en enfoques regionales”, señaló Kelly Clements, Alta Comisionada Adjunta para los Refugiados.
Los crecientes movimientos de refugiados y migrantes en la región y a nivel global son un testamento de la importancia de abordar las causas subyacentes de la violencia e inestabilidad que siguen forzando a mujeres, niños, niñas, familias enteras, a desplazarse. La necesidad de compartir la responsabilidad es evidente, y el MIRPS es un espacio que fomenta alianzas y enfoques comunes en respuesta al desplazamiento forzado”, abundó la Alta Comisionada.
Esta respuesta, añadió, no habría sido posible sin la contribución de la sociedad civil, con quienes los países MIRPS se reunieron ayer.
Frente a estas complejidades, la Declaración de la Ciudad de México compromete a los países firmantes a impulsar una respuesta coordinada a corto, mediano y largo plazo, a través de acciones concretas, incluyendo inversiones de acuerdo con la capacidad de cada país para la prevención, protección y asistencia en materia de desplazamiento interno; soluciones a corto plazo para personas con necesidades de protección (p.e. reasentamiento un tercer país, reubicación interna o reunificación familiar); normativas jurídicas que abran acceso al mercado laboral; y mecanismos fortalecidos para el combate de la trata y tráfico de personas con necesidades de protección internacional.
Estas acciones, resaltan los países, requerirán del apoyo de la OEA, las agencias de las Naciones Unidas –incluyendo ACNUR, OIM (Organización Internacional para las Migraciones), PMA y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)– y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y de otros países –contemplando la plataforma Amigos del MIRPS– para poder darle continuidad a los avances logrados, las iniciativas en curso y planes a futuro.
Gastão Alves de Toledo, secretario de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, reafirmó la importancia de fortalecer el multilateralismo, a través del involucramiento y liderazgo de los Estados, tanto a nivel nacional como local; en conjunto con las personas y poblaciones que se han visto forzadas a desplazarse, las comunidades de acogida, las organizaciones de la sociedad civil e internacionales como la OEA y el ACNUR, la academia, el sector privado, y los donantes, en el diseño e implementación de medidas y políticas de alcance nacional y regional que, desde un enfoque de protección y responsabilidad compartida, permitan fortalecer los mecanismos de protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas para las personas desplazadas internas, solicitantes de asilo, refugiados, retornadas y deportadas.
“Desde la OEA –agregó— estamos a disposición de todos los actores para trabajar de manera conjunta en este esfuerzo, un esfuerzo que puede salvar y mejorar las condiciones de vida de muchas de las personas que viven en nuestra región”.
La segunda reunión anual se da semanas antes de que se lleve a cabo el Foro Mundial sobre Refugiados en Ginebra, Suiza, el 17 y 18 de diciembre de 2019, en donde el MIRPS celebrará un evento de solidaridad un día previo para hacer un llamado de atención sobre las necesidades urgentes de apoyo que tienen los países en la respuesta a la compleja situación de desplazamiento forzado.
A este evento de solidaridad, los países MIRPS llevarán un informe de cuantificación, un ejercicio mediante el cual resaltan la inversión que como países han hecho en respuesta al desplazamiento forzado, y las prioridades que requieren de apoyo por parte de la comunidad internacional.
ACNUR, la OEA y la presidencia pro-tempore reiteran su apoyo a los países de la subregión y hacen un llamado a la comunidad internacional a reforzar sus contribuciones para facilitar la continuidad del MIRPS.
El MIRPS se destaca como una de las aplicaciones regionales prácticas del Pacto Mundial sobre Refugiados, con una trayectoria no solo de solidaridad sostenida sino también de respuesta a las personas que han tenido que desplazarse forzosamente.
