La senadora panista Maki Ortiz Domínguez aseguró que el debate sobre legalizar el uso de la mariguana es un tema que debe analizarse a nivel nacional pero bajo premisas científicas y reales que guíen su discusión.

“Las decisiones que pudieran llegar a tomar los legisladores, ya sean federales o locales, tienen que estar basadas en evidencias científicas y la evidencia científica ahí está, es muy clara, muy grande y nos puede dar la posibilidad de tomar decisiones que beneficien a todo el país”, expuso la legisladora.

En el marco de la discusión que ha comenzado en el Distrito Federal sobre la eventual despenalización del consumo de la mariguana, la Presidenta de la Comisión de Salud del Senado consideró que la primera premisa científica que debe guiar el debate es que la mariguana sí causa daños a la salud.

“Sabemos perfectamente, lo tenemos comprobado, que el uso de la mariguana afecta el sistema respiratorio, el sistema cardiaco, el desarrollo cognitivo, es decir, el aprendizaje o la coordinación motora, por eso puede causar muchos accidentes en quienes la usan, porque no se pueden realizar dos actividades a la vez; además es la causa de que se tengan prácticas sexuales irresponsables que a la vez nos puede llevar a que haya muchos embarazos en adolescentes. Los daños a la salud son reales, existen y tienen evidencias científicas”, aseguró.

La segunda premisa, continuó la legisladora por Tamaulipas, es que facilitar su adquisición y legalizarla aumentaría el consumo. Hoy en México tenemos una prevalencia de consumo de 1.2 en mariguana, y vemos la diferencia que existe cuando hay tolerancia y aceptación, aunque no haya legalización, como sucede por ejemplo en Texas; en la misma frontera vemos una prevalencia de consumo del lado mexicano de 1.2, pero cruzas la frontera y la prevalencia es del 7, sobre todo entre menores de 12 y 18 años.

“Este aumento de accesibilidad combinada con la falta de madurez de los jóvenes lo único que va a lograr es el aumento del consumo,”, señaló.

Por otro lado, dijo, se debe tener muy en cuenta que la legalización de la mariguana implicaría el crecimiento de la delincuencia, el tráfico de otras drogas, el narcomenudeo y toda la violencia asociada, e impactaría la capacidad de nuestro gobierno para combatir esos fenómenos; además de que una política en un solo país no lograría los mismos efectos que tener una única política continental que pueda dar mejores resultados.

La cuarta premisa en la que se debe basar la discusión, añadió, es que sí hay algunos beneficios terapéuticos del uso la mariguana, por lo que tenemos que analizar la posibilidad, si se requiere y hay evidencia suficiente, para que las farmacéuticas tomen en cuenta esto y lo hagan en forma de cápsulas o pastillas donde los enfermos puedan recibir beneficios, tomando en cuenta todos los medicamentos contra el dolor que ya existen.

Una premisa más, prosiguió Ortiz Domínguez, es que debemos debatir si las cantidades que actualmente son aceptadas en la legislación para consumo no penalizado son correctas. Es muy importante determinar si cinco gramos de mariguana es la cantidad correcta que debe tolerarse para que un adicto pueda portarla sin que sea penalizado, porque eso también es importante.

Asimismo, dijo, “debe discutirse sobre las cantidades de las otras drogas, cuáles son las correctas para su portación por un usuario de drogas, no un traficante, no un narcomenudista, porque la verdad sí sucede que una persona que sólo es adicta a veces es tratada por las autoridades como delincuentes y eso se debe de revisar para preservar los derechos humanos de las personas con problemas de adicción”.

Otra premisa que debe sentar las bases para la discusión es la capacidad instalada que tiene nuestro sistema de salud, que actualmente se ha dedicado a combatir las adicciones derivadas del consumo de alcohol, tabaco o mariguana; esa ha sido la política y esta discusión de legalizar tendría que cambiar toda la perspectiva, donde se pasaría de una política nacional en contra de las adicciones a una política de control del consumo, indicó.

Además, señaló que algo muy importante a puntualizar es la capacidad instalada que tiene el país en cuanto a número de hospitales, clínicas donde puedan ser atendidos quienes padecen adicciones, número y control de farmacias, número de médicos, siquiatras, sicólogos y personal de la salud que esté dedicado a este tipo de adicciones, y por supuesto el incremento de dos o tres veces al presupuesto de salud para combatir la dependencia.

Ortiz Domínguez insistió en que el debate sobre una posible legalización o despenalización de la mariguana debe darse en términos de las evidencias científicas y reconoció, por último, que “es un tema que inquieta, que sí debe ser discutido en el país, pero discutido bajo las premisas reales”.