El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, entregó este año a la LXII Legislatura del Congreso del Estado el Paquete Económico 2027, que asciende a 139 mil 749 millones de pesos, un 6.4 por ciento más que en 2026, lo que representa 8 mil 383 millones de pesos adicionales. La propuesta fue recibida por la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Modesta Delgado Juárez, y contempla prioridades en educación, infraestructura, seguridad, bienestar y desarrollo del campo, sin crear nuevos impuestos.

El secretario de Planeación, Finanzas y Administración, Daniela Stephanie Pérez Calderón, detalló que los ingresos locales se estiman en 13 mil 601 millones de pesos, un crecimiento de 8.1 por ciento respecto a 2026, mientras que las participaciones e incentivos federales alcanzarían 66 mil 246 millones de pesos. No se crearán nuevos impuestos ni aumentarán las tasas vigentes; las cuotas por derechos tendrán una actualización de 4.5 por ciento conforme al factor inflacionario. Además, los vehículos que utilizan energías alternas podrán recibir un apoyo del 100 por ciento en el pago de la tenencia, siempre que estén al corriente en sus obligaciones de control vehicular.

La distribución del gasto contempla 77 mil 304 millones de pesos para Desarrollo Social, 20 mil 905 millones para funciones de Gobierno y 10 mil 426 millones para Desarrollo Económico; además, se asignan 31 mil 114 millones de pesos a municipios y obligaciones financieras. Educación concentrará 46 mil 298 millones de pesos, equivalentes al 33 por ciento del presupuesto. Entre los incrementos por sector destacan Infraestructura, con 26 por ciento; Bienestar, con 21 por ciento; Desarrollo Rural, con 19 por ciento, y Ciencia, Humanidades y Tecnología, con 18 por ciento. La inversión pública alcanzará 8 mil 185 millones de pesos, 35 por ciento más que en 2026, para proyectos como el Sistema de Transporte por Cable, el Periférico 5 de Mayo, la modernización del Aeropuerto, la fábrica de baterías, la rehabilitación de vialidades y el rescate del río Atoyac.

En materia de obra pública, Armenta Mier destacó un cambio en el modelo que, según dijo, permite reducir hasta una tercera parte los costos de pavimentación y eliminar prácticas de corrupción. Recordó que durante el año pasado se intervinieron más de 5 mil calles y que para 2026 la meta es alcanzar 28 mil. Puebla dispone de 13 trenes de pavimentación y adquirirá cinco más durante 2027, a fin de ampliar la cobertura en coordinación con los ayuntamientos.

Para el campo, el Paquete Económico establece una asignación de 2 mil millones de pesos a la Revolución del Campo. El gobernador expuso que la entidad pasó de 800 equipos agrícolas el año pasado a mil 800 unidades que actualmente atienden 290 mil hectáreas. La meta para 2027 es disponer de 2 mil 500 tractores, drones, sembradoras, cosechadoras y otros implementos, con cobertura de 400 mil hectáreas, para mejorar la productividad y atender a las familias que enfrentan pobreza alimentaria. En la misma ruta de participación social, el Programa de Obra Comunitaria recibirá otros 2 mil millones de pesos y sus reglas de operación deberán garantizar la incorporación de personas con discapacidad. Además, los 500 millones de pesos que el estado debía cubrir anualmente por el Museo Internacional del Barroco, como parte de los compromisos financieros correspondientes a 2027, se destinarán a mejorar instalaciones educativas y culturales de planteles de nivel medio superior.

La transformación tecnológica y el cuidado del medio ambiente también forman parte de las prioridades presupuestales. El gobernador destacó los proyectos Kutsari y Yankuilotl, orientados a la fabricación de tabletas electrónicas con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como Olinia, vehículo eléctrico cuyo diseño contó con la participación de 60 instituciones educativas del país. A estas iniciativas se suma el Polo de Desarrollo para el Bienestar, establecido en 250 hectáreas de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad. En materia ambiental, se contemplan acciones para el saneamiento de aguas residuales del río Atoyac y la presa de Valsequillo, además de proyectos vinculados con el Plan Hídrico.

En educación superior, el presupuesto permitirá ampliar la presencia de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) en comunidades indígenas y migrantes, con sedes en Zoquitlán, Yaonáhuac, Tepexi de Rodríguez, Izúcar de Matamoros y Tecamachalco. También considera la operación de la Universidad Rosario Castellanos, con una próxima sede en Cuautlancingo y presencia en Acatzingo, así como las carreras de Medicina y Enfermería de la BUAP en este último municipio. Para 2027 se proyectan dos edificios adicionales en cada plantel. A estas acciones se suma la Universidad del Deporte, que ya cuenta con más de 700 estudiantes, como parte de la estrategia para ampliar la formación profesional y recuperar la participación de Puebla en competencias nacionales.

En el pilar de seguridad se prevén 4 mil 990 millones de pesos para dignificar los salarios del personal operativo y ampliar la infraestructura, el equipamiento y las herramientas tecnológicas de las corporaciones. Para el acceso a la justicia se proponen mil 854 millones de pesos para la Fiscalía General del Estado y mil 508 millones para el Poder Judicial; además, más de 205 millones se destinarán a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. También se consideran 169 millones de pesos para respaldar a deportistas y entrenadores, desarrollar actividades comunitarias y atender a las juventudes. En turismo, la asignación será de 473 millones de pesos, en un año en el que Puebla recibirá el Tianguis Turístico. La secretaria informó que, como resultado de la actividad económica, la entidad registró una derrama de 17 mil 864 millones de pesos, 661 mil 417 empleos durante octubre y exportaciones por 4 mil 881 millones de dólares.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que el Poder Legislativo analizará y dictaminará la propuesta con responsabilidad y enfoque social, al reconocer que cada asignación presupuestal debe responder a las necesidades de las familias y los municipios. El documento fue elaborado en congruencia con los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y establece una ruta de inversión para que el desarrollo económico se traduzca en mejores condiciones de vida, con los principios de riqueza comunitaria, seguridad y justicia.