La senadora de Morena, Imelda Castro Castro, se pronunció recientemente sobre las acusaciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza Cázares, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Durante una asamblea informativa en Culiacán, Castro instó a la ciudadanía a no centrarse únicamente en el escándalo mediático, sino a comprender las implicaciones para la soberanía nacional. Señaló que Estados Unidos pretende influir en cómo México debe sancionar a sus ciudadanos, lo que considera una intromisión en asuntos internos.

La senadora subrayó la importancia de que cualquier acusación, ya sea nacional o internacional, se maneje con responsabilidad y sin impunidad, enfatizando que el país debe abordar estos casos conforme a sus propias leyes e instituciones. En este sentido, llamó a revisar las solicitudes de extradición emitidas por Estados Unidos bajo el marco legal vigente en México, conforme a la Ley de Extradición Internacional y las directrices de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En relación con el impacto político de estas acusaciones, Castro afirmó que, según encuestas recientes, hasta el momento no han afectado las preferencias electorales de Morena en Sinaloa. Sin embargo, reconoció que las encuestas son una fotografía del momento y que el partido debe continuar trabajando para evitar posibles repercusiones en las elecciones de 2027. Destacó que la clarificación de los casos y la rendición de cuentas de quienes resulten responsables serán determinantes para mantener la confianza ciudadana.

Las declaraciones de Imelda Castro reflejan la postura de Morena frente a acusaciones internacionales que podrían afectar la estabilidad política y la soberanía de México. La senadora insistió en que estos procesos deben analizarse estrictamente bajo el marco legal nacional, evitando injerencias extranjeras y garantizando la transparencia y legalidad en los procesos judiciales.

Finalmente, Castro hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta al desarrollo de estos casos, subrayando que la defensa de la soberanía nacional y el respeto a las instituciones mexicanas son fundamentales. La postura de la senadora busca equilibrar la necesidad de justicia con la protección de la independencia jurídica del país, en un contexto de creciente tensión diplomática.