La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), aclara que el Gobierno de México “no es racista ni criminal” frente a la población extranjera que ingresa y transita por territorio nacional en contexto de migración, mucho menos ante las personas de origen haitiano, como lo señalan algunas personas de dicha nacionalidad a través de redes sociales.

La autoridad migratoria precisa que la atención y servicio que se brinda a la población migrante de Haití, como a otras nacionalidades, ha sido permanente y no se ha detenido, pese a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia.

En el caso de los extranjeros de origen haitiano, del 1 de enero al 8 de septiembre del año en curso, se han emitido 4 mil 061 tarjetas de estancia regular a través de la oficina de representación del INM en Chiapas: 730 en enero; 726, en febrero; 213, marzo; 337, abril; 427, mayo; 308, junio; 571 en julio, y en agosto y los primeros ocho días de septiembre, 749; mientras que, en el estado de Baja California se han autorizado 234 tarjetas de visitante por razones humanitarias, en el mismo periodo.

El apoyo humanitario y atención de la autoridad migratoria es permanente, sobre todo, en la representación del instituto en Chiapas, la cual sostuvo una reunión con Soh Tuma Ayaba, presidente de la Fundación Ayabs, dedicada a la lucha contra la discriminación racial y en la promoción de una cultura de trato igualitario.

Durante esta reunión se aseguró que el INM, en apego a la Ley de Migración y su Reglamento, ha brindado atención sin discriminación de raza, nacionalidad, ni origen social a todas las personas extranjeras.

El presidente de la Fundación Ayabs, interesado en Chiapas por su diversidad cultural y estancia de extranjeros de distintas partes del mundo, inauguró -hace unos días- las oficinas de la organización en la ciudad de Tapachula y contempla la construcción de un albergue en Ciudad Hidalgo, con capacidad para alojar a 300 personas y con servicios integrales.

El Instituto Nacional de Migración reitera su compromiso para salvaguardar la integridad y trato digno de la población migrante, sin distinción de origen y nacionalidad, con especial atención a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.