La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el 16 de julio de 2026 a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en Ensenada, en cumplimiento de una orden judicial por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal". La aprehensión se produjo tras una investigación que las autoridades calificaron como exhaustiva, centrada en la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por Ruffo, la cual ha sido señalada por importaciones irregulares de hidrocarburos desde 2025.

De acuerdo con la FGR, la red operaba importando combustible desde Estados Unidos mediante ferrocarriles, declarando solo el 10% del volumen real para evadir impuestos aduanales. En julio de 2025, las autoridades decomisaron 15.5 millones de litros de combustible y 129 camiones cisterna en Coahuila, vinculados a Ingemar. La dependencia estima que estas operaciones causaron un perjuicio al erario público superior a 4,000 millones de pesos.

Morena enfatizó que la detención es resultado de una investigación exhaustiva y no responde a consignas partidistas. El partido subrayó que la aprehensión forma parte de las acciones para combatir el contrabando de hidrocarburos y que corresponderá a la autoridad judicial determinar las responsabilidades de Ruffo. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los jueces actuarán de forma imparcial en este caso y anticipó más detenciones relacionadas.

El Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a Ruffo y denunció un trato desigual de la ley, comparando este caso con acusaciones sin resolver contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Ruffo, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en México al derrotar al PRI, ha defendido su inocencia, argumentando que su participación en Ingemar se limitaba a la gestión de trámites aduanales y que correspondía a las autoridades verificar la documentación.

Este caso es relevante por la magnitud del presunto contrabando y el impacto económico estimado en más de 4,000 millones de pesos. Además, involucra a una figura histórica de la política mexicana, lo que ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad de las instituciones judiciales y la lucha contra la corrupción en el país.