Baltazar Enríquez, presidente del Concilio Comunitario 'La Villita' en Chicago, dirige desde hace dos décadas una asociación civil que defiende los derechos de la comunidad migrante. Fue pionero en organizar patrullajes comunitarios para alertar sobre la presencia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y ahora asesora legalmente a los migrantes sobre cómo actuar ante una detención. Enríquez describe el modus operandi de algunos agentes: 'Iban con órdenes de cateo, órdenes de arresto, pero venían por José López y no existe José López en esa dirección, pero la excusa para poder entrar ilegalmente y secuestrar a la gente'. Para contrarrestar esto, su organización educa a la comunidad sobre sus derechos, ya que, según explica, los agentes suelen mostrar un papel pero no permiten leerlo.

El activista destacó un problema crítico en el proceso: el tiempo excesivo para localizar a un migrante detenido. Sin trámites específicos, las familias pueden esperar hasta cuatro meses para saber el paradero de un individuo dentro del territorio estadounidense. Ante esta situación, Enríquez y su organización promueven la preparación previa del formulario G-28 de Migración. Explica que si el individuo tiene una G-28 preparada y contrata un abogado al cual le entrega ese documento, Migración está obligada a proporcionar el paradero del detenido en un plazo máximo de 48 horas. Gracias a este método, han logrado localizar personas en lugares tan alejados como California.

Enríquez también recogió y denunció graves testimonios sobre las condiciones que sufren los migrantes bajo custodia. Según los relatos que le han hecho llegar, las violaciones a sus derechos son constantes: 'no nos dan de comer tres veces al día, les dan una comida al día, con suerte dos'. Además, describió prácticas vejatorias como no permitirles bañarse durante tres a cinco días —obligándolos a permanecer con la misma ropa interior y calcetines— y tácticas psicológicas como subir excesivamente el aire acondicionado o dejar las luces encendidas para impedirles dormir.

La denuncia se extiende incluso a situaciones laborales abusivas dentro de los centros de detención. El activista afirmó: 'hemos visto también que los mandan a trabajar ocho horas y les pagan un dólar', una práctica que calificó directamente como esclavitud. Estas revelaciones subrayan la vulnerabilidad extrema de los migrantes detenidos y refuerzan la labor del Concilio Comunitario 'La Villita' en brindar herramientas legales defensivas —como el conocimiento sobre sus derechos ante ICE y el uso estratégico del formulario G-28— frente a un sistema que describe como opresivo.