Se busca reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2 sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales. El proyecto de Acuerdo fue enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y en próximos días será publicado por la secretaria Irma Eréndira Sandoval en el Diario Oficial de la Federación. Se deberá seguir privilegiando el uso de las tecnologías de información y comunicación para la realización de sesiones y reuniones de trabajo,

Con la finalidad de reducir la dispersión del coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19) y proteger la salud de los servidores públicos y la ciudadanía, la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros emitirá un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para prolongar el trabajo a distancia en la Administración Pública Federal (APF) desde el 3 de mayo y hasta el 30 de julio de 2021.

El proyecto de Acuerdo, que ya fue enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, establece los criterios para el manejo de los recursos humanos en el gobierno federal, y destaca que de conformidad con las necesidades del servicio, y siempre y cuando ello no altere el debido cumplimiento de las funciones institucionales, los titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las unidades de Administración y Finanzas de la APF podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas el trabajo a distancia.

Para ello deberá ponerse énfasis en los trabajadores con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión y cáncer en tratamiento.

Además, podrán establecerse días de trabajo presencial alternados y horarios escalonados para la asistencia a los centros de trabajo, procurando asegurar las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

También se deberá privilegiar el uso de las tecnologías de información y comunicación para la realización de reuniones de trabajo y capacitación, con la finalidad de minimizar el traslado, contacto y riesgo de contagio entre los trabajadores.

Para facilitar la aplicación del trabajo a distancia, los servidores públicos deberán observar los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la Covid-19, publicados el 17 de abril de 2020.

El acuerdo que emitirá la secretaria Sandoval Ballesteros precisa que la aplicación de estos criterios no implicará la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes o erogación adicional alguna. Asimismo, los servidores públicos que trabajen a distancia deberán observar el horario de su jornada laboral, durante el que deberán mantener plena disponibilidad y desempeñar sus funciones con el debido cuidado.

Como en ocasiones anteriores, quedan excluidas de estas medidas las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, el Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional, el Servicio Exterior Mexicano y los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Por instrucción de la secretaria Sandoval Ballesteros, durante el periodo de contingencia sanitaria por el SARS-CoV2 la Función Pública ha determinado las medidas necesarias para asegurar el correcto cumplimiento de las atribuciones, programas y objetivos institucionales, así como la prestación de bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía, mediante el establecimiento de mecanismos de operación que privilegien la salud e integridad de los servidores públicos, de sus familias y de la sociedad en general.

Esta información es de carácter público para fines meramente informativos, en estricto cumplimiento a lo expuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social.