El pasado 5 de marzo se llevó a cabo el panel “Tráfico ilícito de armas del Valle Imperial hacia México: sus efectos en las políticas de seguridad”, en la alcaldía de Calexico, California, en el que participaron autoridades mexicanas y estadounidenses de los tres órdenes de gobierno, con el fin de crear consciencia en la opinión pública sobre la necesidad de fortalecer la cooperación binacional frente a esta actividad delictiva.

El panel, encabezado por el cónsul de México en Calexico, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, contó con la participación de Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal de Unidades Especiales de la Fiscalía de Baja California; Paul Lewanthal, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE); y Gerardo Hernández Hernández, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Durante su intervención, el cónsul Navarrete señaló que, en la medida que se fortalezcan la cooperación y el intercambio de información entre las agencias de seguridad de ambos países, se producirán sinergias, efectos positivos y resultados de mayor alcance en la seguridad pública y en el bienestar de las personas

Asimismo, el fiscal Carpio Sánchez destacó los resultados de la Mesa de Trabajo “Contrabando y Tráfico de Armas provenientes de EUA”, la cual se estableció en el marco de la reunión de Fiscales/Procuradores de la Frontera Norte con autoridades federales, y que ha logrado el aseguramiento de 628 armas entre octubre de 2018 y febrero de 2020.

Por la parte estadounidense, Paul Lewanthal explicó que los líderes de organizaciones delictivas transnacionales mantienen la infraestructura en varias partes de la frontera para el cruce de drogas y migrantes hacia Estados Unidos y el tráfico de armas y grandes sumas de dinero hacia México.

Finalmente, los panelistas coincidieron en la necesidad de involucrar a las agencias y gobiernos locales fronterizos, incluyendo a los jefes de policía y presidentes municipales, para enfrentar este reto, haciendo uso de tecnología de punta y bases de datos para el rastreo y la identificación de las armas traficadas. Igualmente, señalaron la importancia de las aportaciones de la sociedad civil para desarrollar un enfoque de seguridad más amplio, que considere las preocupaciones de los ciudadanos en ambos lados de la frontera.