El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, emitió una comunicación dirigida a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México en la que instruye garantizar que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto de 2026, ninguna institución preste servicios educativos bajo denominaciones como “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar. La medida da seguimiento a una comunicación previa del 24 de julio de 2026 sobre las supuestas instituciones que se ostentan como militares o militarizadas.

Con base en las facultades constitucionales y la Ley General de Educación, Delgado Carrillo solicitó a las Secretarías de Educación de las entidades federativas realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) emitidos en sus respectivas entidades. En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva. La orden busca erradicar la presencia de planteles que, sin pertenecer a las Fuerzas Armadas, utilizan un lenguaje militar en su oferta educativa.

Como parte de las acciones para proteger a la comunidad estudiantil, la dependencia federal ordenó que, de inmediato, se entregue a los alumnos la documentación escolar que pudiera verse afectada, incluidos certificados totales o parciales de estudios y cualquier otro documento que obre en poder de las instituciones. El objetivo es garantizar la continuidad de la trayectoria escolar y facilitar su incorporación a otra alternativa educativa. Además, en caso de que existan pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar —como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto—, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por los planteles afectados.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la medida se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, señaló Delgado. En este contexto, la prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional (SEN), toda vez que la educación militar se circunscribe a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida de manera exclusiva por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La instrucción de la Secretaría de Educación Pública (SEP) implica que las autoridades estatales deberán actuar con celeridad para revisar los registros y, en su caso, aplicar sanciones. La clausura definitiva de los planteles que no cumplan con la nueva disposición será el último recurso tras los procedimientos administrativos. La SEP recalcó que el objetivo principal es salvaguardar el interés superior de la infancia y la adolescencia, por lo que la entrega de documentos y la devolución de pagos son pasos prioritarios para no interrumpir la formación de los estudiantes. La medida también envía un mensaje claro sobre la postura del gobierno federal frente a la militarización de espacios educativos que no corresponden a la formación castrense oficial.

El comunicado de Mario Delgado representa un paso firme en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, que coloca en el centro el desarrollo integral, el respeto a los derechos humanos, la cultura de paz y una formación humanista. Al declarar incompatibles las denominaciones militares con el SEN, la SEP reafirma que la educación básica y media superior debe mantenerse ajena a modelos de disciplina que no sean los establecidos por la ley. La revisión de RVOE y autorizaciones en los estados será clave para detectar a tiempo cualquier institución que infrinja la norma. Se espera que, a más tardar el 31 de agosto, todas las entidades hayan cumplido con la instrucción y que los estudiantes afectados cuenten con alternativas educativas viables.

El gobierno federal, a través de esta acción, busca eliminar cualquier vestigio de escuelas que, bajo la apariencia de lo militar, pudieran estar reproduciendo esquemas de violencia o adoctrinamiento ajenos a los principios humanistas de la educación pública. La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, ha respaldado esta línea de acción desde el inicio de su administración. Por su parte, los padres de familia y tutores deberán estar atentos a la comunicación oficial de la SEP para conocer los pasos a seguir en caso de que sus hijos estén inscritos en alguna de estas instituciones. La dependencia federal se comprometió a brindar orientación a través de sus canales oficiales y de las autoridades educativas locales.

En resumen, la orden de Mario Delgado representa un punto de inflexión en la política educativa mexicana: se prohíbe la operación de escuelas con nombres o modalidades militares, se exige la revisión exhaustiva de todos los permisos y RVOE, se ordena la suspensión y clausura de aquellos planteles que incumplan, y se garantiza la protección de los derechos de los alumnos mediante la entrega de documentos y la devolución de pagos. Con esta medida, la SEP busca alinear a la totalidad del sistema educativo con los valores de paz y humanismo que promueve la Nueva Escuela Mexicana.