Fuerzas federales y estatales desmantelaron el 7 de septiembre una presunta granja clandestina de minería de criptomonedas en el municipio de Tlaola, Puebla, ubicado en la Sierra Norte. Durante el operativo se decomisaron aproximadamente 300 equipos de cómputo especializados, un transformador eléctrico de pedestal, unas 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales. Las autoridades investigan si la infraestructura estaba conectada de manera irregular a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y si los activos digitales generados pudieron estar vinculados con operaciones de lavado de dinero.

Tlaola es un municipio indígena con predominancia de población náhuatl, donde más del 60 por ciento de los habitantes habla esta lengua. La instalación de una operación de esta naturaleza en una comunidad rural resalta la expansión de actividades ilícitas hacia zonas apartadas, donde el consumo energético de los equipos de minería podría haber afectado la estabilidad del suministro eléctrico local. Aunque la minería de criptomonedas no está prohibida en México, el uso no autorizado de infraestructura eléctrica y la posible conexión con delitos financieros son motivo de preocupación para las autoridades.

Este caso refleja un patrón creciente en la región, pues en años recientes se han detectado otras granjas clandestinas de criptomonedas en municipios como San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, la ciudad de Puebla y Tehuacán. En abril de 2025, el secretario de Seguridad Pública estatal informó sobre la identificación de tres sitios similares en Puebla y Tlaxcala, presuntamente vinculados al robo de energía eléctrica. Uno de esos sitios fue desmantelado en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en Nuevo Necaxa, también en la Sierra Norte de Puebla.

La minería de criptomonedas requiere un consumo energético significativo, y su operación ilegal puede generar pérdidas económicas para la CFE, además de comprometer la calidad del servicio eléctrico en las comunidades cercanas. La posible vinculación con actividades de lavado de dinero subraya la necesidad de una vigilancia más estricta y de regulaciones claras en el ámbito de las criptomonedas en México. Las autoridades federales y estatales mantienen la investigación para determinar el alcance de la operación y las responsabilidades correspondientes.

Este operativo destaca la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para combatir actividades ilícitas que afectan tanto la economía como la seguridad energética del país. La detección y desmantelamiento de estas granjas clandestinas es un paso fundamental para prevenir el robo de electricidad y posibles delitos financieros, aunque también evidencia la necesidad de actualizar los marcos legales ante el avance de tecnologías como las criptomonedas.