Buscan garantizar detección y tratamiento integral del cáncer infantil en SLP

La iniciativa pretende coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad durante el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física. Con ello, se busca garantizar el derecho a la salud, el interés superior de la niñez y el derecho a la vida, asegurando una atención integral y oportuna.
La diputada Azuara Yarzábal señaló que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Además, destacó que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.
La legisladora manifestó que, dada la dificultad para prevenir esta enfermedad, los esfuerzos deben enfocarse en facilitar revisiones constantes, brindar educación y concientizar sobre el tema para lograr diagnósticos tempranos. Esto permitiría acceder a tratamientos exitosos, sin dejar de lado el andamiaje legal necesario para brindar un tratamiento adecuado, amplio e integral que abone a una recuperación progresiva con calidad de vida.
Azuara Yarzábal aseguró que expedir una ley en la materia en San Luis Potosí asegurará la implementación de las medidas necesarias para el funcionamiento de la coordinación estatal del Centro y el Consejo, así como de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y Adolescencia. También contribuirá al Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia.
La legisladora señaló que esta iniciativa nace no solo de la necesidad jurídica de adecuación normativa, sino también de una queja social ante la constante violación a los derechos humanos de los niños que no han podido acceder a tratamientos oportunos y de calidad. Subrayó que muchos menores no cuentan con la protección suficiente para que les sean garantizados sus derechos inherentes y puedan gozar de una calidad de vida digna.
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en las Comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Hacienda del Estado, donde se evaluará su viabilidad y posibles ajustes antes de ser sometida a votación en el pleno del Congreso.
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