El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, concretado el 11 de agosto de 2026 por las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori, representa un giro significativo en la geopolítica latinoamericana. Este acuerdo pone fin a las tensiones generadas tras la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo en 2022, cuando el gobierno mexicano, entonces encabezado por Andrés Manuel López Obrador, criticó el encarcelamiento de Castillo y otorgó asilo a su familia, lo que derivó en el retiro del embajador mexicano en Lima. La nueva etapa busca recomponer vínculos sin renunciar a las posturas ideológicas de cada nación, priorizando un enfoque pragmático que abre oportunidades en los ámbitos empresarial y turístico.

El acuerdo entre ambas mandatarias incluye la entrega de un salvoconducto para la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, un gesto que subraya la voluntad de superar diferencias. Este acercamiento contrasta con el aislamiento diplomático que caracterizó al sexenio anterior y refleja una mayor flexibilidad por parte del gobierno de Sheinbaum para dialogar con administraciones de distinta orientación política. Analistas consideran que este movimiento podría sentar un precedente para la resolución de conflictos en la región, aunque persisten retos en la construcción de confianza a largo plazo.

En el plano interno mexicano, Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha intensificado sus gestiones en Estados Unidos para denunciar al partido Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico y actitudes autoritarias. Durante su tercera visita a Washington en 2026, presentó una querella ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por restringir publicaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado, calificando la medida como censura. Moreno ha realizado cinco viajes a ese país en lo que va del sexenio, donde ha solicitado que se declare a Morena como una asociación terrorista, mientras enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche.

El proceso de desafuero contra Moreno, detenido temporalmente por el receso legislativo, podría reactivarse en septiembre. El dirigente priista ha anunciado que llevará su caso ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar una supuesta persecución contra la oposición. Estas acciones ocurren en un contexto de alta polarización política, donde el intercambio de acusaciones entre partidos ha escalado a instancias internacionales, generando un escenario complejo para la gobernabilidad y la relación entre poderes en México.

En materia legislativa, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para combatir la extorsión, facultando al Congreso a expedir una ley general con tipos penales y sanciones contra este delito. Con 474 votos a favor de todas las bancadas, el dictamen fue enviado al Senado para su análisis. Esta medida busca fortalecer el marco legal contra un delito que afecta gravemente a la sociedad, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una prioridad en la agenda pública. Los acontecimientos recientes reflejan la interconexión entre la política exterior, las disputas internas y los esfuerzos por actualizar el marco normativo, elementos que definirán el rumbo del país en los próximos meses.