El Congreso de la Unión aprobó este martes la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Con 334 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, la nueva norma avanza hacia su discusión en el Senado y se perfila como uno de los pilares del combate al delito de extorsión, que ha mostrado un incremento constante en los últimos años.

La legislación establece la homologación del delito en las 32 entidades del país y dispone que las investigaciones se realicen de oficio, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia directa. También prevé sanciones que van de seis a 25 años de prisión, dependiendo de las agravantes. El texto fue aprobado con modificaciones promovidas por Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano, que reducen las penas a funcionarios que omitan denunciar casos conocidos de extorsión, de 10-20 años a un rango de cinco a 12 años. La oposición calificó el cambio como una concesión que podría incentivar la impunidad.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, defendió la enmienda como un acto de proporcionalidad punitiva, argumentando que la omisión de un servidor público no puede castigarse más severamente que la comisión directa del delito. PAN y PRI criticaron la medida, asegurando que “echa a perder una buena iniciativa” y abre la puerta a la liberación de delincuentes sentenciados bajo legislaciones estatales más severas.

El dictamen incorpora 34 agravantes, entre ellas el cobro de piso a comercios o productores, el uso de la violencia física, o la simulación de vínculos sindicales o empresariales, con sanciones que pueden alcanzar los 25 años de cárcel. Además, faculta a las autoridades a solicitar el bloqueo inmediato de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, sin requerir una orden judicial previa. También se permitirá realizar denuncias anónimas a través del número 089 para proteger la identidad de las víctimas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta Sheinbaum han reconocido que la extorsión es uno de los mayores desafíos en materia de seguridad. El Gobierno federal confía en que esta nueva ley permita reducir las llamadas extorsivas desde centros penitenciarios y proteger a las víctimas de amenazas y cobros de piso. La iniciativa aún deberá ser discutida y ratificada en el Senado antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.