_ La relación entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por el conflicto desde 2013, ha escalado en los últimos días tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre un ataque de gran escala y la supuesta captura de Nicolás Maduro. Esta tensión se enmarca en choques históricos que abarcan la legitimidad del gobierno venezolano, sanciones económicas, acusaciones de narcotráfico y la crisis migratoria.
El núcleo del conflicto político radica en que Washington no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente. Tras su llegada al poder en 2013, Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios por violaciones a derechos humanos. Posteriormente, calificó como "ilegítimas" las elecciones de 2018 y 2024 –estas últimas con resultados reclamados por la oposición– y entre 2019 y 2023 reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas. Por su parte, el gobierno venezolano ha acusado reiteradamente a EE.UU. de injerencia, afirmando en 2019 que promovió un golpe de Estado y denunciando en 2020 una incursión armada por mar dirigida por Trump.
En el ámbito económico, Estados Unidos impuso un embargo petrolero en 2019 para presionar la salida de Maduro, golpeando un sector que antes representaba el 96% de los ingresos del país. Según datos de la OPEP citados en el contexto, la producción petrolera venezolana cayó desde 3.5 millones de barriles diarios en 2008 a menos de un millón debido a las sanciones, la corrupción y la mala gestión. Venezuela responsabiliza a Estados Unidos de asfixiar su economía. Paralelamente, Washington ha acusado al mandatario venezolano de narcoterrorismo, ofreciendo recompensas por su captura que llegaron a los 50 millones de dólares en 2025 y vinculándolo con el supuesto Cartel de los Soles.
La migración constituye otro frente clave. La ONU estima que ocho millones de venezolanos han salido del país desde 2014. El presidente Trump acusa al gobierno venezolano de empujar migrantes hacia Estados Unidos, lo que llevó en 2025 a retirar protecciones migratorias e implementar deportaciones masivas hacia Venezuela; medidas denunciadas tanto por Caracas como por organizaciones no gubernamentales.
