El Congreso de la Unión acumula cinco años sin cumplir una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reformar la Ley General de Comunicación Social, lo que permite que el gobierno federal siga asignando publicidad oficial de forma discrecional. Esta situación, que ha persistido durante administraciones del PRI, PAN y Morena, mantiene en vilo la regulación del gasto en comunicación social y ha sido señalada como una omisión legislativa que afecta la transparencia y la equidad en el uso de recursos públicos.

En 2017, la SCJN falló a favor de la organización Artículo 19, que promovió un amparo por omisión legislativa absoluta, ordenando al Congreso emitir una ley que regulara el gasto en comunicación social. Como resultado, en mayo de 2018 se promulgó la Ley General de Comunicación Social, conocida popularmente como "Ley Chayote". Sin embargo, esta ley presentaba deficiencias significativas, lo que llevó a la SCJN, en septiembre de 2021, a ordenar al Congreso subsanar dichas deficiencias.

A pesar de estas órdenes, el Congreso no ha realizado las reformas necesarias. Líderes legislativos, como Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, argumentan que no se trata de un desacato, sino de una omisión legislativa, y prometen abordar el tema en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre. La falta de regulación efectiva en la asignación de publicidad oficial ha generado preocupaciones sobre la libertad de expresión y el acceso a la información.

Martha Tudón, oficial del programa de ecosistema informativo y tecnología de Artículo 19, señala que esta situación beneficia a los partidos en el poder, ya que pueden utilizar la publicidad oficial como un medio de control sobre los medios de comunicación. Además, la ausencia de criterios claros para la asignación de estos recursos permite que el gobierno premie o castigue a los medios según su cobertura periodística. Datos de Artículo 19 revelan que, en 2024, último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador y comienzo del mandato de Claudia Sheinbaum, el gasto en comunicación social se redujo significativamente.

Sin embargo, se mantuvo la concentración de recursos en empresas como Televisa, que recibió 375 millones 417 mil 770 pesos; Medios Masivos Mexicanos, con 240 millones 719 mil 805 pesos; y La Jornada, con 233 millones 177 mil 783 pesos. Este patrón de concentración y falta de pluralidad en la asignación de la publicidad oficial persiste, afectando la diversidad informativa en el país. La relevancia de este tema radica en la necesidad de garantizar una distribución equitativa y transparente de los recursos destinados a la comunicación social, evitando que se utilicen como herramientas de control político y asegurando el derecho de la ciudadanía a una información plural y objetiva.