El Gobierno de México presentó la estrategia especial Cero Robos para reforzar la seguridad en tres de las carreteras más transitadas del país: México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. La iniciativa, encabezada por la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), contempla un amplio despliegue de elementos y tecnología, así como acciones de infraestructura que se extenderán paulatinamente a todo el país.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta estrategia es el inicio de una política nacional para recuperar la seguridad en las vías federales. En la carretera México-Querétaro se desplegaron 585 efectivos, 194 vehículos, helicópteros, aeronaves no tripuladas, drones, torres de vigilancia y células de inteligencia. En la México-Puebla se desplegaron 302 elementos con tecnología similar, y en la Mazatlán-Culiacán, 298 efectivos realizan patrullajes apoyados por helicópteros, drones y torres de detección.

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, detalló que estas acciones están enfocadas en la prevención de robos a transportistas y usuarios, mediante operativos coordinados e inteligencia táctica. Cada corredor cuenta con torres para la detección de vehículos robados, células de inteligencia y monitoreo aéreo permanente.

En paralelo, el secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva, explicó que la estrategia contempla el cierre de accesos irregulares, la instalación de 12 arcos dinámicos en puntos estratégicos, la modernización de infraestructura operativa de CAPUFE y la construcción de 13 paradores integrales para brindar seguridad y servicios a conductores. De estos, 10 comenzarán a edificarse en 2025 y contarán con controles de acceso, estacionamiento, áreas médicas, zonas de alimentos y servicios.

Finalmente, la meta para 2030 es la construcción de 30 paradores integrales en toda la Red Federal de Carreteras. Con estas acciones, el Gobierno de México busca garantizar que las carreteras del país sean espacios seguros para el tránsito comercial, turístico y cotidiano, priorizando la protección de las personas frente al crimen organizado y los delitos patrimoniales.