Una Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud mostró que, a más de un año de la aplicación del etiquetado frontal de alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas, 80 por ciento de las personas lo reconoce, considera que es informativo, toma decisiones y redujo el consumo de productos no saludables.

Informó lo anterior el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, al participar en la charla “La basura que comemos”, donde subrayó que es prioritario proteger a la niñez y a la adolescencia del consumo de productos ultraprocesados. Precisó que la industria que se resistió a la implantación de esta política pública empezó a reducir el contenido de azúcares en sus productos. Antes de esta medida, dos terceras partes de los cereales que se vendían en el mercado contenían altos niveles de azúcares; en la actualidad, sólo un tercio. “Lo óptimo sería que ninguno de ellos lo tuviera, pero hay que seguir por ese camino”.

Durante la charla, que se realizó en el contexto de la XXII Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, precisó que el etiquetado frontal es resultado del trabajo del Grupo Interinstitucional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (Gisamac), para reducir la obesidad y las enfermedades crónicas, impulsado desde el inicio de esta administración.

Los etiquetados en forma de octágonos tienen el objetivo de proteger la salud, el derecho a la información y el interés superior de la niñez y la adolescencia. Son simples de entender para identificar productos con exceso de sal, azúcares, calorías, grasas, edulcorantes sintéticos y cafeína; entre más octágonos tenga un producto, más dañino es. Adelantó que, en conjunto con el Congreso, se formuló una propuesta de ley de alimentación para contar con un marco legal claro, obligatorio en el país, sobre el que se puedan estructurar las políticas públicas que ayuden a modificar el entorno alimentario dominado por la industria de los productos chatarra, que permita ajustes económicos para favorecer la producción saludable y limiten el acceso a alimentos industrializados, sobre todo a niñas, niños y adolescentes.

Indicó que en México no existe una ley reglamentaria que garantice el derecho constitucional consagrado en el artículo cuarto a una alimentación saludable. “Ha sido demagogia decir que tenemos el derecho a la alimentación porque en la práctica no existe una ley reglamentaria y, por lo tanto, las políticas públicas sobre alimentación saludable se limitan a tímidos esfuerzos.” En México, 35 por ciento de niñas y niños, y 77 por ciento de personas adultas, presentan sobrepeso y obesidad, que están asociados con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y múltiples cánceres.

Estas afecciones causan graves daños a la salud y disminuyen la esperanza de vida, señaló. Dijo que el estado de salud que presenta cada persona se relaciona con lo que come, la actividad física que realiza, el aire y el agua con la que se cultivan los productos alimentarios y que llegan a la mesa. Destacó que en México existe sobreabundancia de productos chatarra, industrializados y procesados como refrescos, falsos jugos, yogurt y otros.

Añadió que uno de los propósitos de esta administración es lograr un sistema agroalimentario saludable, ecológicamente sostenible y socialmente justo. Sin embargo, ha enfrentado resistencias estructurales de los grupos internacionales de interés económico y de presión. Ejemplificó con una botella de 600 mililitros de agua: el plástico tarda hasta 500 años en degradarse, el contenido cuesta algunos centavos, en cambio, se vende hasta 200 veces más de su costo real. Calificó como absurdo que tenga que ser un recurso para las personas, cuando debiese ser un bien público del cual sólo se requeriría pagar cuotas de servicio.