En un encuentro de trabajo celebrado en Sinaloa, representantes de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y especialistas se reunieron con autoridades federales, estatales y municipales para analizar la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo. Como resultado del diálogo, se acordó continuar las mesas de trabajo con acciones de seguimiento y mecanismos de coordinación institucional para atender los planteamientos presentados durante la reunión.

Durante el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación, así como autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa. Las comunidades compartieron inquietudes y propuestas relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, la protección de los sitios de importancia ambiental, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), los procesos de consulta y participación, así como diversos temas vinculados al desarrollo regional.

Como resultado del diálogo, las dependencias participantes acordaron establecer una ruta de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los planteamientos presentados durante la reunión, que contempla cuatro acuerdos: la continuación de las mesas de diálogo para revisar la información, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas; la realización de una inspección actualizada por parte de la Profepa para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable; la búsqueda de diálogo con la empresa responsable del proyecto por parte del Gobierno de México; y el respeto al derecho a la manifestación de la comunidad.

Respecto a las solicitudes planteadas durante el encuentro, las dependencias federales reiteraron que cualquier determinación deberá realizarse con estricto apego al marco jurídico vigente y sustentarse en los elementos técnicos y legales correspondientes. “Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, remarcó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra. Por su parte, el subdirector general de Administración del Agua de Conagua declaró ante los representantes de comunidades de la región que “la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral. Hoy nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones”.

Igualmente, el director del INPI afirmó que “solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”. Por su parte, la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, señaló que “se trabajará con la comunidad para generar un desarrollo económico que atienda las vocaciones y condiciones de la región”. Las instituciones participantes coincidieron en que la protección ambiental, el bienestar de las comunidades, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo regional requieren diálogo permanente, coordinación entre autoridades y participación social. El Gobierno de México reafirma su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y trabajo con las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira para atender sus planteamientos dentro del ámbito de competencia de cada institución.