El Congreso del estado de Guanajuato aprobó en el pleno la creación de un registro público de personas sentenciadas por delitos sexuales. La medida, anunciada a través de las redes sociales oficiales del poder legislativo, se concretó el pasado jueves 9 de abril mediante reformas al Código Penal Estatal.

La inscripción en este padrón será obligatoria y no podrá ser evitada ni siquiera con la reparación del daño moral. El registro estará disponible para consulta pública por parte de cualquier ciudadano guanajuatense.

Serán los jueces quienes deberán ordenar la inclusión en el padrón una vez que se dicte una sentencia firme por delitos específicos. Entre los crímenes que ameritarán inscripción se encuentran: feminicidio, trata de personas menores de 18 años, abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes, acoso y hostigamiento sexual en agravio de menores, afectación a la intimidad, captación y tráfico de menores, corrupción de menores e incapaces, y explotación sexual y lenocinio.

La vigencia del registro en el padrón se mantendrá durante todo el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. Además, aplicará incluso si la pena es sustituida o suspendida conforme a la ley. Una vez que la persona sentenciada obtenga su libertad, su nombre permanecerá en el listado por un periodo adicional de diez años.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato, será esta dependencia estatal la encargada de administrar y operar el padrón público.

Al respecto, la congresista Susana Bermúdez Cano destacó que este registro tendrá un impacto directo en la vida de las víctimas y sus familias. Señaló que 'la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes es una de las que más lesiona, y lesiona no solo el tejido social, sino que atenta de manera grave e irreparablemente la integridad de las personas'.