A partir del 1 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el nuevo Impuesto Verde, una medida que busca reducir la contaminación ambiental a través de un cobro a empresas que emitan más de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lidera esta estrategia enfocada en la responsabilidad ambiental empresarial.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aclaró que este impuesto no afectará a personas físicas ni al uso de vehículos, ya que está dirigido exclusivamente a empresas contaminantes. Subrayó que su objetivo principal es visibilizar y reducir las emisiones contaminantes en la capital, más que generar ingresos para el gobierno local.

El gobierno estima una posible recaudación de 60 millones de pesos, que estarán completamente destinados a proyectos ecológicos como la electromovilidad y el cuidado de los animales. De Botton enfatizó que la meta real es recaudar cero pesos, lo cual indicaría que las empresas han logrado reducir sus emisiones a niveles aceptables.

Esta política ambiental fue diseñada en coordinación con el Estado de México para abordar de manera conjunta los retos de contaminación en el Valle de México. La intención es establecer un frente común en la lucha contra el cambio climático y fomentar un modelo económico más sostenible.

El gobierno capitalino reconoció el esfuerzo y la disposición de las empresas que colaboran en esta iniciativa, destacando que el Impuesto Verde es una invitación a mejorar prácticas industriales y proteger el medio ambiente de manera responsable.