_ La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inhabilitó a la ciudadana María Esther Barrios Cabrera y a las empresas Gvicoa S.A. de C.V., Comercializadora Svr, S.A. de C.V., y Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal. Las sanciones fueron publicadas este 20 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación e implican su inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
A la servidora pública María Esther Barrios Cabrera se le impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación por un año por proporcionar información falsa al participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-50-GYR019-N-350-2023 para el servicio de lavandería hospitalaria del IMSS. La información falsificada consistió en una constancia de no inconveniencia ambiental. La notificación se realizó el 9 de febrero.
Las tres empresas también fueron sancionadas con multas e inhabilitaciones por conductas similares. Gvicoa S.A. de C.V. recibió una multa de 745 mil 705 pesos e inhabilitación por un año con tres meses por presentar un oficio falso supuestamente emitido por COFEPRIS durante una licitación internacional para servicios médicos oftalmológicos. Por su parte, Comercializadora Svr, S.A. de C.V., fue multada con 555 mil 644 pesos e inhabilitada por un año por usar una carta de apoyo aparentemente falsa en una adjudicación directa para material terapéutico.
Finalmente, Comercializadora Milenio, S.A. de C.V., fue penalizada con una multa de 134 mil 430 pesos e inhabilitada por un año con tres meses tras presentar comprobantes falsos sobre prórrogas sanitarias durante una licitación internacional para tiras reactivas médicas. La Secretaría señaló que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios proporcionalidad y gravedad, dejando abierta la posibilidad para que las personas sancionadas impugnen las resoluciones.
