La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha iniciado un proceso de verificación patrimonial que involucra a 855 servidores públicos de la Administración Pública Federal. Esta selección, realizada de forma aleatoria, se basó en un universo de 1.5 millones de declaraciones patrimoniales y de intereses presentados por funcionarios durante 2024, cumpliendo así con su obligación constitucional. El objetivo es verificar la evolución patrimonial y garantizar la transparencia en el servicio público, tal como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

El proceso de selección aleatoria incluyó a servidores públicos de diferentes niveles jerárquicos. De los 1,3 millones de declaraciones en formato simplificado, que deben presentar los trabajadores de niveles operativos y de enlace, se seleccionaron 385 registros con un nivel de confianza del 95%. En el caso del formato completo, utilizado por quienes ocupan cargos de mayor responsabilidad, como jefaturas de departamento y niveles superiores, se eligieron 470 registros de un total de 150 mil declaraciones, con un nivel de confianza del 97%. Estos 855 servidores públicos serán sometidos al procedimiento de evolución patrimonial.

La selección se llevó a cabo en conformidad con el Acuerdo emitido el 6 de junio de 2024, que establece los lineamientos para los procedimientos de verificación patrimonial. Este acuerdo asegura que el proceso se realiza con respeto al debido proceso y con el sigilo que establece la normatividad aplicable. Las tareas de verificación incluyen el análisis detallado de las declaraciones patrimoniales, y en caso de encontrar inconsistencias, se iniciará una investigación formal.

En caso de que no se detecten irregularidades, los servidores públicos recibirán la certificación correspondiente, garantizando así que sus declaraciones son congruentes con su situación patrimonial. Este proceso, que involucra a diversas unidades y direcciones de la SFP, fortalece los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad dentro del servicio público.

Este tipo de iniciativas refuerza la rendición de cuentas y promueve la probidad dentro de la administración pública. La participación de diversas unidades de la SFP en la insaculación y verificación patrimonial subraya el compromiso del gobierno para mejorar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.