Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum de auditar los contratos otorgados por el organismo durante administraciones anteriores, incluida su gestión entre 2014 y 2023. El intercambio ocurre luego de que la mandataria enfatizara la necesidad de transparencia en las contrataciones del INE, en un contexto marcado por la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con proveedores de material electoral.

Córdova afirmó que durante su mandato el INE fue una de las instituciones más auditadas del país por diversas instancias, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sostuvo que en todos los años de su gestión las revisiones no encontraron irregularidades significativas y que cualquier observación fue atendida en tiempo y forma, por lo que consideró que quienes han tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tienen nada que temer ante nuevas auditorías.

El exconsejero presidente también señaló que el Órgano Interno de Control del INE, designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados desde 2019, tampoco detectó irregularidades relevantes durante ese periodo. Añadió que el organismo fue constantemente vigilado por los partidos políticos y que, pese a las acusaciones públicas sin sustento, nunca se encontraron faltas administrativas de fondo.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en la necesidad de eliminar cualquier sombra de corrupción en el INE, especialmente tras las acusaciones contra Taddei por presuntos vínculos con proveedores señalados por irregularidades. Como parte de su propuesta, planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para reducir la dependencia del organismo de proveedores privados y evitar futuros escándalos en la impresión de material electoral.

El asunto adquiere relevancia porque involucra la integridad y transparencia del INE, institución clave para la democracia mexicana. Las acusaciones y defensas en torno a las auditorías y contrataciones del organismo inciden directamente en la confianza pública sobre el proceso electoral y sobre las instancias encargadas de garantizar comicios libres y justos en el país.