La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Colima realizaron dos operaciones en Manzanillo que dejaron cuatro detenidos, tres tomas clandestinas de hidrocarburos y una persona sin vida, informaron ambas dependencias.

En la primera acción, efectuada el 15 de octubre tras más de dos meses de trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento, personal naval en coordinación con autoridades federales y estatales intervino tres predios en la zona de Tapeixtles, presuntamente usados para la extracción, traslado y almacenamiento ilegal de hidrocarburos. Fueron detenidos en flagrancia Ismael “N”, Ángel “N”, Armando “N” y Jorge “N”.

Durante el operativo se aseguraron tres tomas clandestinas conectadas a un poliducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), dos pipas con capacidad de 20 mil litros cada una cargadas con combustible, mangueras de distintas dimensiones y equipo utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos. De acuerdo con la fuente, se documentó el funcionamiento de esta infraestructura clandestina, mediante la cual presuntamente se realizaban maniobras de extracción y almacenamiento de combustible en tanques especializados, así como su posterior traslado.

En una segunda acción, durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra Andrés “N”, alias “El Andy” y/o “El Yony”, identificado por las autoridades como presunto generador de violencia en la región y con antecedentes relacionados con delitos contra la salud, se registró una agresión contra elementos de la Secretaría de Marina.

Según el relato oficial, el individuo intentó evadir a las autoridades y fue localizado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo. Al detectar la presencia del personal naval, agredió a los elementos, quienes repelieron la agresión y neutralizaron al agresor, quien resultó herido. Recibió atención médica prehospitalaria, pero fue declarado sin signos vitales.

Las dependencias señalaron que mantienen la coordinación interinstitucional para combatir los delitos que afectan a la población y proteger la infraestructura estratégica del país.