La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, presidida por Olivia Garza, turnó a las comisiones competentes las cuatro iniciativas presentadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la sesión ordinaria del 20 de octubre de 2026. Las propuestas fueron entregadas el 14 de octubre en el marco del Segundo Informe de Gobierno y buscan atender temas prioritarios para la capital en materia de vivienda, educación, salud mental y convivencia ciudadana.

La primera iniciativa corresponde a la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para la Ciudad de México, que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Civil local. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia. La segunda es una reforma constitucional en materia de educación inicial, remitida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial.

El tercer proyecto es la Ley de Salud Mental, Bienestar Emocional y Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas, que pretende reformar y derogar disposiciones de la Ley de Salud local y abrogar la Ley de Salud Mental del Distrito Federal; fue asignada a la Comisión de Salud. La cuarta iniciativa es una reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que propone modificar, adicionar y derogar diversas disposiciones de dicha ley, y se turnó a la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública.

Las comisiones cuentan con un plazo de 45 días hábiles para elaborar los dictámenes correspondientes, con la posibilidad de solicitar una prórroga de igual duración sujeta a la aprobación del Pleno. Además, se estableció un periodo de diez días hábiles, a partir de la publicación de las iniciativas en la Gaceta Parlamentaria, para que personas interesadas propongan modificaciones; durante ese lapso las iniciativas no podrán ser dictaminadas y las observaciones recibidas deberán considerarse en el proceso legislativo.

Estas iniciativas abordan problemáticas fundamentales para la Ciudad de México. La Ley de Rentas Justas busca proteger a los inquilinos mediante una defensoría gratuita y un gabinete de apoyo para desalojos, el registro obligatorio de contratos de arrendamiento y la prohibición de prácticas discriminatorias, aunque especialistas señalan que no atiende de fondo el aumento excesivo de alquileres ni prevé sanciones significativas para propietarios que lo infrinjan. Las otras propuestas buscan fortalecer la educación inicial, actualizar el marco legal en salud mental y modernizar las normas de convivencia ciudadana, con un impacto potencial en la calidad de vida de los habitantes.