La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México y la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles de Corea firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en integridad, transparencia, mejora de la gestión pública, responsabilidad compartida y políticas anticorrupción. El acuerdo se concretó en el marco de la visita oficial del presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung, a México, realizada del 23 al 26 de septiembre de 2026, durante la cual se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El memorándum forma parte de una agenda bilateral que incluye intercambios técnicos y capacitación. Entre 2024 y 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno participó en el Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Compras Públicas, coordinado por el Servicio de Compras Públicas de Corea, con el objetivo de conocer herramientas y experiencias aplicables a la gestión de contrataciones públicas. En 2025, la dependencia gestionó ante el Banco Interamericano de Desarrollo asistencia técnica regional, con apoyo de Corea, para fortalecer la profesionalización del servicio público, la capacitación y la gestión de recursos humanos.

En 2026, el intercambio continuó con reuniones de alto nivel. El 3 de junio, el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, y el embajador de Corea en México, Jooil Lee, encabezaron un encuentro para fortalecer la agenda técnica bilateral. El 10 de junio, el subsecretario participó en el Foro 2026 de Cooperación Futura entre Corea, América Latina y el Caribe.

La cooperación también se ha traducido en capacitación especializada. Del 13 al 18 de septiembre de 2026, personas servidoras públicas de la Secretaría viajaron a Corea, con financiamiento del gobierno coreano, para capacitarse en Building Information Modeling (BIM), herramienta orientada a mejorar la gestión de obras de infraestructura.

El Plan de Acción Conjunto México-Corea 2026-2030 contempla el intercambio de herramientas para identificar y mapear riesgos de corrupción, establecer alertas tempranas, prevenir conflictos de interés, evaluar la integridad institucional y detectar áreas vulnerables mediante el análisis de datos. La agenda incorpora también una dimensión social, con acciones para medir las percepciones ciudadanas, comunicar los resultados de manera clara y accesible y promover una cultura de la legalidad desde la infancia.