El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó el cierre del caso por presunta denegación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Alimentos Grole, S.A. de C.V. (GROLE), ubicada en Cajeme, Sonora. El caso se tramitó en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La investigación de la STPS, cuyos resultados se compartieron con el Gobierno de Estados Unidos el 12 de octubre de 2025, identificó indicios de posibles transgresiones a la legislación laboral mexicana. Entre ellos, la promoción de la creación de un comité interno que realizaba actividades de representación colectiva; la presunta amenaza de despido a una persona por invitar a sus compañeros a una asamblea sindical al concluir su jornada; el despido de dos personas presuntamente relacionado con sus actividades o preferencias sindicales; el otorgamiento obligatorio de vacaciones a cinco miembros de un comité ejecutivo sindical; y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato titular.

Como resultado de un Plan de Reparación acordado entre ambos gobiernos, GROLE implementó una serie de acciones en coordinación con la STPS. La empresa pagó salarios caídos, prestaciones e indemnizaciones a doce personas. También publicó y difundió una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales, junto con un documento de lineamientos de conducta para todo el personal. Se capacitó a todo el personal sobre estos documentos y la empresa se comprometió a respetar el derecho del sindicato a representar a sus miembros, permitiendo su acceso al centro de trabajo mediante un protocolo acordado con el sindicato. Además, implementó una política de tolerancia cero ante cualquier interferencia patronal, y directivos realizaron actos públicos de reconocimiento de las prácticas ilegales cometidas para asegurar su no repetición. Se habilitaron canales de denuncia anónimos y se publicaron los mecanismos de queja directa ante el gobierno de México. Los directivos también difundieron las obligaciones y compromisos del Plan de Reparación.

La STPS verificó el cumplimiento del Plan de Reparación mediante el seguimiento puntual a cada acción implementada, lo que incluyó visitas a la instalación. La dependencia comunicó los hallazgos de la investigación a todo el personal de la empresa y capacitó a todas las personas trabajadoras de GROLE, tanto sindicalizables como de confianza, en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Por su parte, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral brindó una capacitación sobre el proceso de conciliación prejudicial.

Derivado de estas conversaciones y del análisis conjunto sobre los avances alcanzados, ambos gobiernos concluyeron, de mutuo acuerdo, que las acciones implementadas fueron suficientes y acordaron el cierre del caso.