El Gobierno de México respondió al comunicado emitido por personas expertas de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en relación con las movilizaciones realizadas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de un pronunciamiento oficial, la administración federal reiteró su pleno compromiso con los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, participación ciudadana y defensa de los derechos humanos. Asimismo, expresó su disposición permanente a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

En el comunicado, el gobierno subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas, la atención integral a las víctimas y la garantía del derecho a la protesta pacífica constituyen prioridades permanentes. Reconoció las demandas de las familias y de los colectivos de búsqueda, así como la relevancia de su labor para visibilizar esta problemática y contribuir al fortalecimiento de las acciones de búsqueda, verdad, justicia y reparación. Este pronunciamiento se da en un contexto donde organizaciones internacionales han puesto atención en el trato a manifestantes durante eventos globales.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mantuvo mecanismos permanentes de atención, interlocución y acompañamiento con las familias y los colectivos participantes. Según el gobierno, en todo momento se privilegió el respeto a sus derechos humanos y el diálogo. Durante las concentraciones, marchas, actividades simbólicas, pases de lista y pronunciamientos públicos realizados en diversos espacios de la Ciudad de México, personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindó acompañamiento permanente a las personas participantes y dio seguimiento institucional a sus planteamientos mediante reuniones de trabajo posteriores.

El gobierno explicó que las medidas de seguridad implementadas en las inmediaciones de las sedes mundialistas respondieron a protocolos generales aplicables a eventos internacionales de gran afluencia y tuvieron como único propósito proteger la integridad de asistentes, personas manifestantes, participantes y población en general. Dichas medidas fueron compatibles con el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión y, en ningún caso, tuvieron por objeto restringir o inhibir las manifestaciones realizadas por las familias y los colectivos de búsqueda. El Gobierno de México rechazó cualquier forma de criminalización de la protesta social y reconoció el valor de la labor que realizan las familias de personas desaparecidas y los colectivos de búsqueda para impulsar el derecho a la verdad, la justicia y la localización de sus seres queridos. Finalmente, refrendó su compromiso con las víctimas, sus familias y los colectivos de búsqueda.